Hubo cinco intentos de acallar y frenar el trabajo periodístico

Desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) está en el poder (2006), hasta la fecha, hubo cinco intentos de atentar contra el trabajo de la prensa, con proyectos de ley que pretendieron vulnerar la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE), según un recuento que hizo el expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y experto en temas de acceso a la información, Antonio Vargas.

“El Gobierno va tejiendo un entramado jurídico con el que quiere aprisionar a la libertad de expresión, ha intentado en la Asamblea Constituyente, mediante el proyecto de ley presentado por la exministra Nardy Suxo con el título de ‘Ley de acceso a la información pública’; el proyecto de Ley del Sistema Penal, artículo 205 (mala praxis); ‘Ley de medios’ y la última es sobre ‘Responsabilidad de la información’”, afirmó Vargas en entrevista con EL DIARIO.

El docente universitario ubica el momento en que se origina la idea de ajustar el trabajo de la prensa, con el argumento de generar cierta apertura sobre la información pública, aspecto que estaba ya dispuesto con el Decreto Supremo 28168 (de Acceso a la Información), que fue aprobado en el gobierno de Carlos Mesa, pero que le faltaba ampliar su alcance y rango.

“Se decide elevar a rango de Ley el Decreto Supremo 28168, promulgado en el gobierno de Carlos Mesa, porque el alcance era sólo para algunas instituciones y no previó la tipología de la información, además que se fue elaborando de acuerdo con las exigencias que hacían los organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea”, explicó Vargas.

Este intento por elaborar una ley que ayude a transparentar el manejo de la administración pública, por el poder político, se estanca porque el MAS quiso aprovechar la ocasión para regular y limitar el acceso de la información pública y delimitar el trabajo de la prensa, por lo que tuvo observaciones de los gremios periodísticos.

“La exministra (Nardy) Suxo quiso que toda la información sea difundida a través de un filtro y esto era contradictorio, porque uno de los principios de acceso a la información pública es la transparencia, para que conozcan los ciudadanos lo que hacen los servidores públicos”, explicó Vargas.

“En el tratamiento de la información, la comunicación y la opinión debe haber una regulación concreta y clara, porque las diferencias y significados sobre los mismos sólo pueden manejar los periodistas. Estos términos se conocen en la práctica profesional”, explicó el experto.

“La información y la opinión no pueden estar sujetas al principio de veracidad, de acuerdo con los estándares internacionales y en este caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El criterio debe ser de verosimilitud, entendido como aquel elemento que lo dan por cierto y cuando no hay esos elementos se lo da por falso”, explicó el experto.

En el desarrollo de la explicación científica que hace Antonio Vargas, sobre el manejo de la información, sugiere que el acceso a la información debe ser libre e irrestricto, salvo en tres casos:

“La información reservada, secreta y confidencial pueden ser restringidas en caso de estar muy bien sustentadas para no hacerla pública, además cada una de estas tiene un tiempo de vida, no puede haber algo secreto, confidencial o reservado de por vida”, añadió.

TRES PILARES

Para el experto en acceso a la información y expresidente de la Asociación de Prensa de La Paz, el Gobierno tiene que considerar que el trabajo periodístico no pretende molestarle y menos perjudicarle.

“Los periodistas y ciudadanía tenemos que pedirle al Gobierno que respete la Constitución Política del Estado y que entienda que el trabajo del periodista descansa en tres pilares: la autorregulación, los códigos de ética y la Ley de Imprenta, porque la libertad no puede ser retaceada y despedazada, porque eso no es libertad de expresión”, enfatizó.

El comportamiento del Gobierno, con relación al trabajo de la prensa, llama la atención en el entendido de que constantemente o fueron estigmatizados por el Presidente o los parlamentarios presentan proyectos de leyes para limitarlos.

“El Presidente recurrentemente ha tratado de acallar a la prensa, limitando la libertad de expresión, precisamente porque, a través del trabajo periodístico, la opinión pública nacional e internacional informa de los actos de mal gobierno y los actos de corrupción”, afirmó Vargas.

El poder político siempre verá al periodismo como una amenaza por eso cuando empieza a defenestrar la Ley de Imprenta pretende posicionar en la opinión pública a los periodistas como malos, por eso el patrón lingüístico en sus proyectos de las leyes se incluyen los términos “veraz” y “veracidad”.

En este sentido, Vargas señaló que “los servidores públicos, cuando hacen algo bien o algo mal, generan información y esta se pública en los medios; si los políticos son virtuosos, entonces, la información sería buena pero si los políticos son corruptos las noticias serán malas”, esa es la dinámica que describió el experto.