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Juez pide desafuero de Cristina Fernández para su detención

• El Senado de Argentina debatirá la absolución de la inmunidad de la exmandataria


LA EXPRESIDENTA DE ARGENTINA Y EN LA ACTUALIDAD SENADORA, CRISTINA FERNÁNDEZ.

Buenos Aires.- Un juez ordenó ayer detener a la expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutual judía en 1994, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.

Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a quien fuera jefa de Estado de 2007 a 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa.

También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos (2,88 millones de dólares).

SOLICITUD DE INMUNIDAD

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.

Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

PRECISIÓN PREVENTIVA

En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio dictó ayer otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva: al exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D’Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

También fueron detenidos Jorge «Yussuf» Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, y el dirigente político Fernando Esteche, al considerar que el delito imputado fue orquestado por la cúpula del Gobierno pero contó con la colaboración de distintos funcionarios.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.

PACTO BILATERAL

Aquel pacto bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.

«La resolución (de Bonadio) es arbitraria y carente de todos los contenidos jurídicos, porque es una denuncia que fue desestimada por seis jueces en dos oportunidades y ratificado por los superiores por inexistencia de delito», señaló hoy a Efe Juan Martín Mena, exjefe del Gabinete del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Fernández y uno de los procesados por Bonadio.

A su juicio, y en la línea de discurso del kirchnerismo, con el final del mandato de Fernández, en diciembre de 2015, y tras el triunfo electoral de Mauricio Macri, el mandatario «desplegó una enorme presión sobre el Poder Judicial para que esta denuncia fuera reabierta».

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Como ha denunciado la expresidenta en multitud de ocasiones, para Martín Mena, que negó todas las acusaciones en torno al pacto con Irán, se está viviendo una «persecución política» y la gente se está acostumbrando «a que estén presos» los dirigentes opositores, como el exvicepresidente Amado Boudou o el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, ambos por presunta corrupción.

«No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra», expresó Fernández cuando fue llamada a declarar en octubre.

La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) obtuvo una banca de senadora en los comicios de octubre y juró su cargo en noviembre en medio de gran polémica por la protección que esto le da ante las múltiples causas que la afectan, la mayoría por corrupción.

FUTURO DE FERNÁNDEZ

Su futuro dependerá de que sus compañeros en el Senado decidan si votan o no contra ella, apenas un día después de que el sector del histórico Partido Justicialista (peronista) en la Cámara anunciara la constitución de un gran bloque que deja afuera, tras años de alianza conjunta, al kirchnerismo, que se prevé integrará un bloque de apenas ocho senadores.

Sin embargo, no se atisba que el desafuero pueda prosperar por la posición histórica del peronismo tradicional de solo quitar los fueros cuando hay una sentencia firme.

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer. (EFE)

 
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