Envían a cárcel a dos funcionarios judiciales

Dos funcionarias del Juzgado de Familia del Tribunal de Justicia de La Paz fueron remitidas a la cárcel de Obrajes, tras haber sido encontradas consumiendo bebidas alcohólicas en las oficinas de un juzgado. Sin embargo, según el abogado Jorge Tapia, la decisión no se adecúa al tipo penal de detención preventiva, porque no guarda relación proporcional al daño cometido por las personas implicadas en este caso. La justicia determinó la detención domiciliaria de uno de los pasantes de este juzgado y la libertad pura y simple de otros dos pasantes.

El abogado de una de las remitidas a la cárcel, Rubén Andrade, calificó de arbitraria la determinación de la jueza de medidas cautelares.

“Ha habido una contradicción más que una infracción, ha habido una contradicción en el domicilio de la señorita, lastimosamente ese domicilio tiene dos puertas y se ha creado esa duda, debido a esas dos numeraciones y por eso se ha determinado su detención preventiva en el penal de Obrajes”, dijo.

En opinión del abogado Jorge Tapia, el caso sólo debió ser resuelto con un proceso administrativo y de acuerdo con la falta cometida con los funcionarios judiciales. “Ha habido casos similares en anteriores años, pero que no ameritaron una figura tipo penal, como la detención preventiva”, dijo.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece la valoración integral, del hecho denunciado, por el principio de proporcionalidad, con relación al perjuicio que habrían cometido los acusados.

En este sentido –dijo– la falta cometida por los funcionarios judiciales no se adecúa al tipo penal de detención preventiva, porque no guarda proporcionalidad con relación al daño que se habría cometido a los bienes públicos.