¿Plebiscito o simple elección?

Que la última elección de magistrados no tuvo las características de un plebiscito, según sostiene el oficialismo, es tapar el sol con un dedo. Nadie duda que, en efecto, devino en un pronunciamiento plebiscitario del pueblo. El objetivo oficial no era otro que la elección de la cúpula judicial en sus distintas instancias, acto que desde su convocatoria fue visto por el electorado como oportunidad de manifestar su disconformidad con el largo período de gobierno, disconformidad que no es gratuita, siendo demasiado abundante responder al porqué en este tema.

Menos aún el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que declara el “derecho humano” de repostularse indefinidamente a la presidencia y demás cargos electivos, influyó en el resultado de la consulta, en tanto a todos asiste la seguridad de que por cualquier camino el presidente Evo Morales se lanzaría a la reelección. Desde el referendo de 21 de febrero, el oficialismo ha venido propalando que el caso Zapata repercutió decisivamente en el resultado conocido, pero ello es faltar a la verdad. La razón se asienta en que nadie se rasga las vestiduras por relación íntima. Tampoco la población boliviana actual posee una mentalidad de carácter severo, pacata y menos conserva las costumbres austeras de antes, como para que se preocupe por una relación semejante y menos que lo influya políticamente.

Este fenómeno no es solamente propio de nuestro medio, sino de la liviandad generalizada de las costumbres de la actualidad. De modo que la relación Morales-Zapata no fue motivo válido para definir el “no” mayoritario del referendo; su resultado era previsible por el mismo cansancio que invade a distintos sectores de la colectividad y tampoco pudo influir la presunta manipulación del caso. El uso que se hace de estos pretextos para disimular el contraste electoral no es otra cosa que pérdida de tiempo y de vano intento de sugestión. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho conocer conclusivamente que los votos nulos sumados a los blancos emitidos el día 03 pasado, suman un 66% y los llamados válidos un 32%, en el mejor de los casos. Al margen del descontento larvado, la selección de candidatos por el Órgano Legislativo no fue la más idónea y, por otra parte, de 26 candidatos titulares 20 desempeñaron funciones públicas en el régimen y solo algunos pasaron por la cátedra (que tampoco es una garantía). Como si no fuera suficiente, algunos de los elegidos confrontan procesos judiciales pendientes por diversas denuncias, incluyendo a las del Ministerio Público.

La conclusión final es que la elección popular de las autoridades judiciales ha empeorado la administración de justicia, pero la predilección oficialista por el voto –recurso más aparente que real- responde a posiciones populistas que, necesariamente acaban en demagogia con todos los males que ésta trae consigo.