El 3D ratificó el NO del 21F/2016

Las elecciones para renovar el Poder Judicial, efectuadas el pasado domingo 3 de diciembre, han mostrado la voluntad del pueblo boliviano, al rechazar tanto a candidatos, a la forma de su elección, como al fallo del Tribunal Constitucional. El porcentaje, cercano al 70% entre votos blancos y nulos, es muestra categórica y terminante de que el pueblo conserva y respeta sus libertades para votar, para decidir lo que conviene al país. Esta votación mayoritaria debería obligar al gobierno a anular las elecciones. De otro modo, los resultados que tan solo le dan un 30% a los designados previamente al parecer por el partido de gobierno para que administren la justicia, dará lugar a que los nuevos integrantes del Poder Judicial sean posesionados en cargos que, en el entender de la colectividad, solamente obedecerán a la voluntad del gobierno y su partido.

La justicia es “una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Atributo de Dios por el cual se ordenan todas las cosas… la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. Derecho, razón, equidad”. Tan solo estas definiciones, sin contar muchas otras, muestran que la Justicia es un bien que es en bien del ser humano; por ello, decir que “hay que cambiar la justicia en Bolivia porque no es buena”, no es correcto porque esta virtud, por sí misma, es buena; lo que está mal, y estuvo siempre mal en nuestro país, es la administración de justicia ya que, al margen de la falibilidad de los jueces, hubo mucha incompetencia, carencia de vocación de servicio y prevaricato que llegó muchas veces a la corrupción.

Las elecciones del 3 de diciembre buscarían que la administración de justicia cambie, que sea cumplida debida, honesta y responsablemente, atenida a la Constitución y a las leyes; que sea libre e independiente de los otros poderes del Estado y esté lejos de influencias ajenas a su libre disposición y entendimiento en servicio del bien común. Por todo ello, los resultados electorales del 3 de diciembre muestran que se trata de una ratificación de lo decidido por el pueblo el 21 de febrero de 2016 y que el gobierno ha decidido desconocer y por ello impuso estas elecciones con el fin de tener a su disposición plena al Poder Judicial para que éste decida cambiar disposiciones constitucionales con miras a que existan repostulaciones para recandidatear a los cargos de la nación.

Con un Poder Judicial totalmente inclinado al gobierno, cualquier decisión sobre elecciones será tomada, y obligado su cumplimiento porque se dirá que “todo fue hecho conforme a ley y a la democracia”. Así, la democracia continuará manipulada completamente y el sentido y fin de ella totalmente vulnerados. No valen, pues, en estas condiciones de irrespeto a la Constitución y a las leyes, que esa vulneración de la justicia sea permanente en todo procedimiento judicial que está sujeto a intereses creados o condiciones convenientes a solo una parte porque desaparecerá el principio de justicia y equidad.

El 3 de diciembre el pueblo, en libertad, decidió lo que corresponde y los resultados señalan una necesidad: anular ese proceso de elecciones por ser totalmente ilegítimo. Darle vigencia sería violar todo principio de justicia, menoscabar el sistema democrático y hacer libertinaje. El gobierno, por propia conveniencia, responsabilidad y moral, estaría obligado a anular el proceso llevado a cabo y si no anula el mismo, los “elegidos por una minoría de votos” tan solo por dignidad y un mínimo de honradez, deberían renunciar a ser posesionados en los cargos judiciales.