Analista José Gabriel Espinoza
• Samuel Doria Medina afirmó que ataques del Gobierno no tienen fundamento legal
Las operaciones a través de las empresas off-shore no están prohibidas en ninguna normativa boliviana por lo que no existe ningún delito en los casos que investigó la Comisión legislativa de los Papeles de Panamá, según el analista económico, José Gabriel Espinoza.
“Queda claro y por la misma información de la Comisión de la Asamblea Legislativa, que no se ha cometido ningún delito, porque la normativa boliviana no contempla el uso de empresas off shore en Bolivia.”, afirmó Espinoza en contacto con EL DIARIO.
La Asamblea Legislativa, desde el pasado año (2016), conformó una Comisión Mixta que inició una investigación sobre las empresas bolivianas implicadas en los paraísos fiscales, aspecto que no está velado en Bolivia.
“No hay una normativa específica, en el país, y tampoco está prohibido, a partir de esto, el informe de la Comisión es clara en el sentido de que remite a Impuestos Internos la información para su revisión, pero no establece ningún delito ni contravención claramente especificada en Bolivia”, según Espinoza.
A raíz de esta problemática se ha “destapado” un caso en particular, que no está enfocado desde el punto de vista, estrictamente legal, ya que el caso de Doria Mediana con la empresa de cemento mexicana “Chihuahua” no estaría tipificado como lo señala el analista económico.
“Evidentemente, a partir de declaraciones de los implicados, Samuel Doria Medina y el señor Sainz, queda claro que ellos han utilizado este mecanismo, la venta en Bolivia ha sido declarado por el monto, efectivamente en territorio nacional”, agregó Espinoza.
Sin embargo, pese a tardar tanto las investigaciones, porque quieren determinar un daño económico al Estado, parece que por la ausencia en la normativa de este tipo de operaciones financieras no existiría tal daño.
“Por las triangulaciones con empresas extranjeras, el monto fue más alto y allí entran consideraciones de orden ético, que están más allá de las normativas por lo que de ninguna manera significa una defraudación al Estado”, aseveró José Gabriel Espinoza.
SAMUEL DORIA MEDINA
El empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en respuesta al vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que los ataques del Gobierno carecen de “fundamento legal”.
“El MAS me ataca sistemáticamente con toda clase de argumentos absurdos, como parte de su desprecio por los bolivianos que invierten y generan oportunidades para la gente”, sostuvo el empresario, tras la acusación del Mandatario.
Añadió que el Gobierno arremete en su contra sin “fundamento legal” desde hace muchos años.
García Linera lo acusó de haber “robado” al país, de la misma forma que el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, al utilizar empresas off shore para la transacción de sus negocios y evadir impuestos.
Doria Medina ha negado las acusaciones y aseguró que no evadió impuesto y que pagó en el marco de las normas del país. “Manuel Canelas, presidente de la Comisión de los Panamá Papers ha señalado públicamente que no existe una acusación contra SDM”, añadió.
El diputado Wilson Santamaría aseguró que los “ataques del Gobierno son sistemáticos” en contra de su líder de Unidad Nacional, refiriéndose a la conformación de dos comisiones especiales: de los Papeles de Panamá y de la Capitalización y Privatización.
Está seguro que el objeto es político de ambas instancias de indagación, observó que si la Asamblea Legislativa envía a varias personas al Ministerio Público cometerán una ilegalidad, porque no hay norma en la que se amparen acciones con retroactividad.
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