Elección de magistrados

El 3 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones para magistrados y otros.

Dentro de los diferentes sectores estatales y no estatales que existen en Bolivia, vale decir salud, educación, justicia, impuestos, aduana, periodismo, etc., seguramente el más criticado en los últimos años, inclusive por el mismo gobierno fue el de la justicia.

El Sistema de Justicia de Bolivia no solo son los magistrados, existen otros componentes, como las leyes bolivianas elaboradas y aprobadas en la Asamblea Plurinacional, el personal (notificadores, secretarios, etc.), los sistemas de control (Defensor del Pueblo, Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia, periodismo o cuarto poder, las redes sociales o quinto poder), las fiscalías, la Policía Nacional, los sistemas de apoyo como el IDIF, la Academia de Policías, las facultades de Derecho, las bases de datos (Identificación, antecedentes y otros), Sistema Penitenciario, Procedimientos Penal y Civil, etc.

En años pasados se trató de insinuar que con tan solo la elección de magistrados, automáticamente se iba a tener la mejor de las justicias del mundo y esa fue una inferencia totalmente errada, pues la justicia de Bolivia continúa en el fondo del foso, siendo seguramente una de las peores del planeta.

Tratemos de analizar algunos de los componentes de la Justicia en Bolivia:

Identificación: Las direcciones de la mitad de la población boliviana que da Identificación, principalmente en los pueblos, da solo hasta el nombre del pueblo, no así una calle con su número, lo que es una traba para la Justicia en el instante de realizarse las notificaciones. Las alcaldías de todo el país deberían exigir a los dueños de casa la numeración de cada casa inclusive en una carretera con el nombre de la carretera, su numeración, tal vez inclusive con el nombre de la familia que habita esa casa, eso facilitaría las “notificaciones”.

Viceministerio de Transparencia: Si se presenta una, llamémosle, anormalidad dentro del gobierno de turno, es inconcebible que lo vaya a investigar un Viceministerio de Transparencia del mismo gobierno. Ese Viceministerio debería estar a cargo de los senadores y diputados de la oposición del momento, que ejecutarían un control más correcto. Así se tendría buenos pesos y contrapesos.

Defensor del Pueblo: Si se presenta una, llamémosle, anormalidad dentro del gobierno de turno, es inconcebible que lo vaya a investigar un Defensor del Pueblo elegido por el mismo gobierno. El Defensor debería ser elegido por los senadores y diputados de la oposición del momento. Así se tendría buenos pesos y contrapesos.

Derechos Humanos: Ni siquiera comentaremos mucho al respecto. Debería estar a cargo de los senadores y diputados de la oposición.

Sistema Penitenciario: Las cárceles del país están totalmente hacinadas, se debe construir más cárceles y mejor si son de alta seguridad.

Penas: En la actualidad las penas en Bolivia son muy cortas y risibles. Así por ejemplo para Juan Pari, quien desfalco al Banco Unión por 6 millones de dólares y debería recibir una pena mínima de 25 años de cárcel sin derecho a indulto.

Procedimientos Penales: Al presente, son muy tediosos, así por ejemplo los “vía crucis” de las notificaciones representan la mitad de un juicio en tiempo y dinero. Cuando se entabla una demanda o querella, debería obligarse al querellado y querellante a firmar por decir cada 15 días un libro en la Fiscalía y antes de firmar entregarle todas sus citaciones y si no quiere recibir sus diferentes notificaciones, no firma el libro y así esa persona entra en rebeldía siendo desde ese momento juzgada en ausencia. Debería aceptarse que un acusado de un delito solo pueda levantar la rebeldía una sola vez en un proceso. Por otro lado, como apoyo o en forma secundaria, debería mantenerse el procedimiento de notificaciones actual.

Abogados de oficio: Gran parte de los abogados de oficio en Bolivia, al no tener paga del Estado, casi siempre se excusan. Las labores del abogado de oficio no están bien establecidas. Un abogado de oficio debería actuar primero en forma obligatoria, no pudiéndose excusar. Debería actuar cuando un acusado no pueda defenderse porque no tiene dinero para contratar su abogado, luego cuando por chicanerías un acusado no traiga su abogado, en este último caso, el abogado de oficio debería representar al acusado, aunque el acusado no lo quiera.

Suspensiones de audiencias por chicanerías: Se debería aprobar una multa de unos 800 bolivianos para todos los entes que falten con o sin justificación a las audiencias, como ser fiscales, jueces, abogados, partes, peritos y otros y ese dinero debería ir inmediatamente a la parte que asiste.

Chicanerías jurídicas: Dentro de las chicanerías que se utiliza está el uso y abuso de los “certificados médicos”. Un “certificado médico” solo debería ser aceptado si la parte que lo presenta está internado en un hospital y no caminando en las mismas puertas del juzgado. El “certificado médico” debería ser cambiado por un “certificado de internación”.

Conminatorias: Cuando un juez conmina a un fiscal para que envíe su informe acerca de una acusación, en un plazo de 5 días y el fiscal no lo hace, ese fiscal nunca más debería ser fiscal o juez, pues con su falta ocasiona un gran perjuicio a una de las partes, ya que el juicio se “extingue” por incompetencia del fiscal. Es inconcebible que los fiscales esperen hasta el último segundo de los seis meses que tienen para investigar, para enviar su informe.

Educación de la población: La población de Bolivia está muy mal educada en relación con los crímenes y delitos. Ese fue el caso de los fugitivos del carro blindado asaltado en Santa Cruz, donde se dice que la población ayudó a los criminales a esconderse. Un poco más, como suele ocurrir, en un país altamente pobre, en Bolivia se levanta monumentos para delincuentes.

Burocracia: En la Justicia de Bolivia, para cada paso existe un gran trámite. Así por ejemplo los antecedentes de todos los bolivianos deberían ser colgados en la red. Asimismo Identificación debería colocar en la red todas las direcciones de los bolivianos. La Justicia de Bolivia debería ir acorde con la tecnología.

Leyes pésimas: Cuando uno adquiere una herencia, se debería obligatoriamente obtener el “certificado de herederos de la persona fallecida” y ese certificado debería ser obligatorio para realizar la “declaratoria de herederos”. Al presente se entra en el delito de estelionato por falta de este paso y así sucede con otros delitos.

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