Economía de palabras
No hay mal que dure cien años ni deuda que no se pague. O algo así.
Estas dos verdades llegan como malas noticias para el gobierno del presidente Evo Morales justamente cuando admite que quiere ser presidente vitalicio.
Lo primero, lo del mal muy duradero, se verá dentro de poco, cuando se termine de definir si el referéndum del 21F fue o no una burla, o directamente en las elecciones de 2019, cuando los bolivianos tendrán la oportunidad para decirle no otra vez.
Lo segundo llegará también en 2019, cuando haya concluido el contrato de venta de gas a Brasil y Bolivia tenga que entregarle los volúmenes ya pagados.
Dice Oscar Barriga, presidente de YPFB, que durante 18 meses Bolivia deberá entregar esos volúmenes a Brasil sin esperar nada a cambio.
Esto seguramente no sabía el presidente Morales cuando decidió violar la Constitución y burlarse de un referéndum para ser candidato en las elecciones de 2019.
Los primeros dos años de ese nuevo mandato, quienquiera que lo encabece, Bolivia no recibirá del gas exportado más que los pagos que haga Argentina.
Quizá Carlos Mesa lo sabía y por eso se niega a ser candidato. Al fin y al cabo fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando se comenzó a aplicar la cláusula del “take or pay” al Brasil debido a que ese país no podía recibir todo el gas que se había comprometido a comprar.
Desde entonces Brasil ha seguido pagando el precio de los volúmenes consignados como mínimos en el contrato sabiendo que en 2019 Bolivia entregaría los volúmenes no enviados.
Si Bolivia no quisiera o no pudiera hacer esas entregas, entraría en efecto la cláusula “deliver or pay”, pero esta vez con multas y penalidades. Pero eso es poco probable.
Los departamentos productores verán durante un año y medio cómo las reservas de gas se agotan pero nada les llega del gobierno central. Podrán reflotar la “media luna”, renegar de las autonomías, hacer marchas y bloqueos, pero no recibirán un centavo por el gas.
Los supernumerarios de YPFB, de la ANH, de los ministerios podrían ser las segundas víctimas. Y son miles.
No es el capitalismo ni el imperio los que pasan la factura, es un contrato que se debe respetar. Ni el TCP podría salvar a Bolivia de cumplir ese contrato.
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