Activistas anti-aborto piden bono para familias pobres

La “Plataforma Por la Vida y la Familia” planteó ayer crear un bono subsidiado por el Estado para las familias pobres y eliminar este factor como causal para la práctica del aborto legal.

La representante de esta organización, Eliza Lanza, señaló que una de las opciones para frenar la práctica del aborto sea de manera legal o ilegal, tiene que ver con políticas públicas de apoyo, no sólo a las mujeres embarazadas, sino también a las familias.

“El Gobierno tendría que implementar bonos para las familias de escasos recursos. La pobreza es uno de los justificativos para legalizar el aborto, sobre todo en familias numerosas”, apuntó Lanza, a tiempo de remarcar que las medidas sociales debe ser sostenibles y acompañadas con política pública para la creación de fuentes de empleo.

“Tenemos que mejorar los servicios en salud. Muchos son los aspectos en los que debemos trabajar como país, deben hacerse cargo las autoridades como gobierno”, apuntó.

En este contexto, Lanza señaló que, de entrar en vigencia el artículo 157 del Código del Sistema Penal, los servicios en salud de los hospitales públicos serán insuficientes. “Tenemos una capacidad de cama caliente de cuatro pacientes por cada cama. Según estudios del Ministerio de Salud, en el país tenemos una cama por cada mil habitantes”, remarcó Lanza.

Por otra parte, planteó la necesidad de una previa evaluación sobre los recursos reales que efectivamente tiene el país para aplicar como propone “el aborto libre, legal y seguro”.

“Nos preguntamos, tendrá el Gobierno el suficiente sustento económico para solventar los abortos gratuitos, para ponerlo en vigencia, como dicen en forma legal y segura. Están equivocados y lo hemos dicho, en tanto las consecuencias previsibles para nuestra sociedad son preocupantes”, sostuvo

DESARROLLO SOCIAL

A decir de la activista, la superficie geográfica de Bolivia podría albergar a por lo menos una tercera parte de la población regional, por lo que su poblamiento también debe ser parte de las estrategias de Estado, con criterios de desarrollo social sostenibles.

Agregó que, en lugar de aumentar las causales para motivar el ejercicio del aborto legal, lo adecuado es crear políticas de apoyo a los embarazos en crisis, con el acompañamiento a las familias afectadas por este tema.

En este contexto, la “Plataforma Por la Vida y la Familia” propuso al Gobierno una nueva redacción del Art. 157 del Código del Sistema Penal, estableciendo sanciones para el ejercicio del aborto, a partir del principio de que “se trata de un acto criminal”, por lo que quienes participen de éste deben ser sancionados. Sin embargo, esta propuesta no fue considerada por el Legislativo.

La plataforma por la vida solicitó audiencia con el Presidente en cuatro oportunidades, para solicitarle se pronuncie en favor de la vida y haga uso de su derecho al “Veto” en la proyectada nueva normativa, antes de su promulgación, pero estas peticiones hasta la fecha no fueron contestadas.