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La orden al Tribunal Constitucional de habilitar a Evo Morales en las próximas elecciones es crónica de una muerte de la democracia anunciada. El que el supuesto vigilante del cumplimiento de la Constitución Política del Estado (TCP) haya aceptado la demanda interpuesta por el oficialismo crea una peligrosa jurisprudencia, e incluso resucita el ancestral fantasma de un “fraude electoral”. No será la primera vez que la sociedad boliviana debe enfrentar al poder político anquilosado en sus apetitos insaciables, por lo que ha llegado la hora de sopesar con mucha calma y la agudeza las nuevas reglas de juego, a fin de impedir la instalación de un régimen de gobierno al margen de la ley y cordura institucional.

El fallo del TCP pretende doblegar a la sociedad, a fin de perpetuar un gobierno que no acepta los resultados de una votación popular, ni sus propias reglas de juego. Por ende, hemos ingresado a la categoría de una nación con un gobierno dictatorial, donde solo cabe la voluntad del gobernante, con el apoyo de la fuerza y la pasiva mirada de la comunidad internacional, que espero reaccione con oportunidad antes que sea demasiado tarde.

El argumento del oficialismo es tan sencillo, como lo es nefasto: “que decida el pueblo”. Los poderosos arguyen que el fallo del TCP no re-re-re-elige a EMA, tan solo le da al pueblo la posibilidad de hacerlo. Es decir, será el pueblo quien el 2019 tendrá la última palabra.

Para defender su postura, aluden a democracias parlamentarias, donde existe efectivamente una separación de poderes. En contraste, nuestra incipiente democracia proviene de una tradición de autoritarismo, donde el sistema presidencialista efectivamente concentra el poder en un caudillo, que utiliza el dinero del pueblo para lanzar interminables y millonarias campañas proselitistas para ensalzar su imagen de “salvador”.

Suficiente con encender el televisor de cualquier canal nacional para convertirse en parte del público cautivo que debe soportar una tras otra propaganda del gobierno, que invierte millones de millones de dólares para convencernos que “vivimos bien”, cuando la falta de empleo y vulnerable situación económica del ciudadano de a pie deja en claro que los únicos que han tenido un proceso de cambio en su economía son aquellos que participan del lavado de dinero del narco, los grandes comerciantes y aquellos que trafican con la moneda del poder.

En “Votos útiles, obligatorios y voluntarios” del pasado 26 de noviembre, Carlos Alberto Montaner advierte que “hay países latinoamericanos en los que votar es inútil”. El caso más emblemático, por supuesto, es el de Venezuela, donde incluso cuando la oposición gana, “el chavismo priva a los vencedores de las prerrogativas que marca la ley y sin el menor recato les anulan las mayorías logradas en las urnas”.

Montaner luego alude a Cuba, “la madre y maestra del chavismo”, donde la oposición ni siquiera puede participar” y Nicaragua, donde con el apoyo de una buena parte de la clase empresarial Daniel Ortega “fue apoderándose ilegalmente de los mecanismos electorales, hasta establecer un curioso somocismo de izquierda en el que habla como Lenin, pero gobierna como Anastasio Somoza”.

Nos recuerda Montaner que “en Bolivia el pueblo votó para que Evo no se reeligiera y el presidente populista se pasó los resultados por el forro de la Constitución”. Lo irónico de la mal llamada voluntad popular es que en Bolivia, al igual que Argentina, Brasil, Panamá, Perú y Uruguay, el voto es obligatorio. No votar es una expresión de la libertad personal, continua Montaner, “pero siempre se puede votar en blanco o anular la boleta”. Más importante aún, cuando el sistema cuenta con credibilidad y existe una cultura democrática, acudir a las urnas no es sólo un derecho: “es un deber cívico que sólo pudiera declinarse por razones de fuerza mayor”.

Lamentablemente en Bolivia acaban de enterrar cualquier credibilidad en el sistema democrático. Reza el refrán, “engáñame una vez, qué vergüenza la tuya. Engáñame dos veces, qué vergüenza la mía”. Al pueblo boliviano lo vienen engañando en repetidas oportunidades, por lo que esta vez la vergüenza habrá de recaer sobre nosotros.

Según Montaner, el voto obligatorio permite legitimar un sistema amañado, porque “los clientes políticos votan con el estómago”. Es decir, cuando las masas son tan pobres, o están tan cínicamente desencantados, “venden sus votos por un poco de dinero”. Ello no quiere decir que un voto obligatorio sea necesariamente algo contraproducente para la democracia. Presumiblemente, es lo que les sucedió al 37% de los venezolanos que no acudieron a las elecciones de 1998. La abstención le dio la victoria a Hugo Chávez y ahí comenzó el descalabro. Concluye Montaner que “si el voto hubiera sido obligatorio tal vez otro gallo cantaría”.

De igual manera, una reelección indefinida tal vez no sea necesariamente contraproducente. Para ello, sin embargo, deben existir condiciones de transparencia, equidad, equilibrios, pesos y contrapesos. Ello en Bolivia no existe ni de lejos. Es por ello que el pueblo seguramente se despertará, indignado, para dejar en claro nuevamente su postura, claramente establecida el 21 de febrero del 2016.

El oficialismo no entiende de sana competencia. En el campo de la economía reniega por los monopolios solamente cuando le conviene. En economía, los monopolios son malos porque concentran el poder en pocas empresas, que al ser las únicas que venden un producto, acaban despilfarrando recursos y ofreciendo al público un producto de menor calidad a un mayor precio.

En la política sucede algo muy parecido. El monopolio del poder crea condiciones para la corrupción, el mal manejo, la complacencia y la manipulación. Ahora Bolivia tendrá que nuevamente decir NO al modelo cubano/venezolano.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.