Nada justifica que se viole la Constitución

Pasadas las elecciones del domingo 3 de diciembre, ha quedado en todo el país la convicción de que se impuso el principio de respetar la Constitución Política del Estado; una sensación que dio tranquilidad a la población porque los resultados implican que el “voto nulo”, muy cercano al 70% del Padrón Electoral, derrotó contundentemente al casi 30% que obtuvieron quienes creen que “se puede elegir magistrados mediante elecciones”, imitando a lo que quiso hacer la URSS en su tiempo, y no pudo adoptar definitivamente.

La sensación que quedó en el partido de gobierno fue, seguramente, de frustración y decepción porque se creía que quienes apoyaban al Presidente y su partido “lograrían la mayoría”; pero, el caso no resultó porque mostró que el país está en contra de una re-re-relección del Presidente y su segundo; el pueblo considera que con tantos períodos como llevan en el gobierno es más que suficiente; que seguir en las “mismas andadas” sería introducirse en los caminos de una dictadura.

El partido de gobierno con las “justificaciones” que difunde para que el Presidente y su segundo sigan al frente del gobierno, alega desde hace mucho tiempo mil y un pretextos para que sea realidad un período indefinido. Tan absurdamente se trata el caso que en el colmo de la obsecación, se dijo que “si el señor Morales no era elegido nuevamente el sol se ocultaría y la luna desaparecería”, como si alguien creyera semejante absurdo.

La Constitución es clara y determina que el Referéndum del 21 de febrero de 2016 es legítimo, legal y vinculante para ser cumplido estrictamente; igualmente dispone que los resultados del 3 de diciembre, deben respetarse. Consecuentemente quedan solo dos caminos: anular todo el proceso de elecciones y reconocer que no cabe una nueva reelección presidencial. Por supuesto, esos resultados deberían incitar a quienes se sienten ganadores el 3D a renunciar por dignidad, amor propio y sentido de responsabilidad, a la pretensión de asumir los cargos de magistrados que por un mínimo de honestidad, deberían entender que los votos son terminantes para que no sean reconocidos como integrantes del Poder Judicial.

La CPE no debe ser violada por ningun motivo; alegar justificaciones, sabiendo que no las hay, es contrario a todo sentido de honradez y responsabilidad; es incompatible con los principios de que se acata la Carta Magna y, además, de cumplir con determinaciones del Pacto de San José. La obsecación por el poder no debería cegar a quienes aspiran a ser parte del Poder Judicial mucho más si no se ha demostrado la idoneidad precisa para desempeñar funciones tan importantes. Se ha demostrado que 26 de esos postulantes tienen serios problemas y no deberían intervenir en la elección, pero lo hicieron haciendo abstracción de los impedimentos para desempeñar funciones en la administración de justicia.

La Constitución si no es aceptada y acatada plenamente por el gobierno y su partido, y por el Tribunal Constitucional -ya concluido en funciones el pasado mes de octubre- querría decir que ese desconocimiento y negativa a cumplirla, sería la confesión de que el gobierno pasa de ser legal, legítimo y constitucional a ser dictadura absoluta y, así, actuaría avasallando al pueblo e imponiendo la fuerza que se irroga la ilegalidad.

No cumplir con la CPE sería, simplemente, ignorarla y renegar de ella al desconocer la voluntad del pueblo. Violarla y desconocer verdades irrefutables implicaría que hay propensión a una dictadura de imprevisibles consecuencias y, así, proclamar la decisión de ejercer el poder en forma indefinida significando que, de hecho, habría un golpe de Estado con una decisión arbitraria para imponer al país un régimen dictatorial con propensión a una tiranía.

El Presidente y su partido, si actúan en conciencia, seguramente reconocerán la legalidad y vigencia del Referendum del 21 de febrero y los resultados del 3 de diciembre; conscientes de ello, y reconocimiento de su legalidad, renunciarán a continuar en posiciones que no hacen otra cosa que lastimar al pueblo boliviano. Tendrán que convenir en que nada justifica violar la Carta Magna y, si se lo hace, sería pisoteándola e ingresar en campos de anarquía y caos, como es el caso de Somalia o de naciones que optaron por el socialismo del Siglo XXI que resultó un cúmulo de fracasos.

Frente a situación tan grave, es probable que el gobierno recapacite reconociendo verdades incuestionables y lo haría en mérito a sus propios valores e intenciones tan publicitados y por propia responsabilidad.