En 2017, a la importación ilegal de productos manufacturados, como alimentos, textiles, muebles, productos farmacéuticos, bebidas y calzados, se han sumado la exportación ilegal de materia prima, entre ellas madera y cueros, aparte del creciente comercio informal, para agravar la competencia desleal y desigual que sufren las industrias formales en el país.
En este escenario, los esfuerzos de lucha contra el contrabando, por parte de la Aduana Nacional de Bolivia, fueron destacables pero insuficientes y queda en evidencia que se requiere una decisión política clara y contundente de lucha frontal contra esta actividad ilícita
En la gestión, el sector industrial manufacturero ha continuado experimentando un exceso de emisión de normas regulatorias, que si bien se enfocan en temas importantes, sobre los que no queda duda que es necesario legislar, como es el caso del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM) o el etiquetado de productos genéticamente modificados (OGMs), en la mayoría de los casos implican cargas y costos adicionales para la industria formal
Este mismo criterio, se aplica para el caso de otras Instituciones públicas, entre ellas el Servicio de Impuestos Nacionales, que ha emitido normas que aumentan sostenidamente la fiscalización tributaria, enfocándose, casi únicamente, sobre el sector empresarial privado formal
En este mismo sentido, no es posible dejar de mencionar que en 2017 el sector industrial manufacturero experimentó los efectos negativos de las resoluciones de incremento del 3% a la tarifa eléctrica y el incremento de hasta el 48% a la tarifa de gas natural.
Estos hechos son cargas adicionales que el sector industrial debe enfrentar, y que, en definitiva, son obstáculos para su desarrollo y del propio país.
Fuente: Evaluación 2017 Cámara Nacional de Industrias CNI.
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