¿Vocero?, ¿a quién queremos engañar?

Cuando en abril de 2014, el presidente Evo Morales y con seguridad asesorado por quienes saben de la materia, designó a Carlos Mesa, como Vocero de la causa marítima, existían diferencias ideológicas que es posible que, entre otras cosas, el gobierno haya abrigado la esperanza de que se abstuviera de expresarlas, cuando menos en términos enérgicos, que para ser objetivos con la actuación del historiador, ni ahora ni entonces, fueron muy categóricas.

Aun así, los hechos que se dieron entre esa designación y este final de año, tales como el desconocimiento flagrante a la voluntad del pueblo en el referendo ya por todos conocido, los varios impasses entre el poder político y la vocería y lo último: el bochornoso fallo del TCP, asuntos de los que ya se dijo en abundancia, permiten establecer con claridad meridiana que el régimen actual en los hechos le ha retirado toda responsabilidad en sus funciones, en clara actitud de represalia personal, pero en detrimento del país, al Vocero de la causa marítima. Ello se infiere de la nula actuación en el último tiempo de Mesa, que en los inicios de su gestión, rutilantes intervenciones tuvo ante foros internacionales y en el mismo país adversario en el diferendo ante la CIJ de La Haya.

La demanda boliviana de una salida al mar trasciende gobiernos, tendencias e ideologías, de modo que ningún régimen puede arrogarse la propiedad de su reclamo. No se puede desconocer, empero, que el presidente Evo Morales le dio un impulso que antes el Estado nunca optó, es decir la demanda jurisdiccional de 2013, para el que fue conformado un equipo de reconocidos abogados, marca un hito en la historia más que centenaria del proceso reivindicatorio marítimo. Su vocero, el historiador Carlos Mesa, pese a quien le pese, desempeñó papel brillante en esa función, pero eso es pretérito irreversible, porque desde hace mucho tiempo y no obstante su estatus únicamente formal, el destacado comunicador, está cesado de facto de esa función y no reasumirá en tanto no jure ante la pachamama que no será candidato a la Presidencia en los próximos comicios generales y abdique expresamente a cualquier intento de disentir con el accionar del Órgano Ejecutivo. Triste manera de mezclar las cosas por parte del gobierno actual que no lo destituye, sabedor de que un paso en ese sentido, sería error político de imprevisibles consecuencias para sí, principalmente en esta coyuntura atestada de cuestionamientos en todo orden. El gobierno no lo toma, ni lo tomará en cuenta hasta la finalización del proceso judicial. La eventual renuncia de Carlos Mesa sería formidable pretexto para el aparato gubernamental, de lavarse las manos y salir exculpado del hecho.

Luego, ¿qué Vocería el gabinete ministerial, las autoridades del Órgano Legislativo y los paragubernamentales pueden proclamar, con aserciones como que el “Vocero de la causa marítima está descuidando sus funciones” o que él “está ratificado en esa su condición”?

¡Vamos! todos sabemos que, oficialmente, tenemos un divulgador de la causa marítima, pero las baladíes excusas de que la etapa del proceso es exclusivamente jurídica y por tanto innecesaria la convocatoria de quien más bien tendría que ser pieza irreemplazable en el andamiaje del equipo justamente para socializar ante el mundo, fundamentos, razones y todo lo estratégicamente conveniente manteniendo vigente conciencia de nuestro derecho, nos permite la certidumbre de que, en perjuicio de Bolivia, carecemos de un Vocero en ejercicio de una causa común.

El autor es jurista y escritor.