La inversión de todo el sector público tuvo un crecimiento continuo y notable desde 2006, habiendo llegado a su nivel máximo en 2016. Sin embargo para 2017, la mayoría de los sectores registran una reducción de los niveles de inversión, a pesar de que la inversión pública total programada es apenas levemente menor en relación al presupuesto del año anterior, sostiene el estudio de Jubileo.
Esta situación se explica porque la reducción de la inversión en diversos sectores sería compensada por un incremento de la inversión en energía, como resultado de la nueva apuesta del Gobierno en proyectos para la exportación de recursos energéticos.
El sector que principalmente estaría incrementando su nivel de participación en la inversión es energía, que representaba 6,4% en 2015 y llegaría a 20,6% para 2017. Otros sectores que tendrían una tendencia a incrementar su participación son Salud y Seguridad Social (incluye deportes), Comunicaciones, y Multisectorial.
Los sectores que estarían disminuyendo la inversión (en proporción al total) son Transportes, Educación y Cultura, Urbanismo y Vivienda, Agropecuario, Industria y Turismo, Saneamiento Básico, y Recursos Hídricos.
Queda evaluar si los altos niveles de inversión programados por instancias dependientes del nivel central se llegarán a ejecutar; sin embargo, por declaraciones de autoridades de Gobierno, se conoce que hay retrasos en la ejecución de la inversión de empresas nacionales, como YPFB, por lo que se podría anticipar que la inversión total disminuye en 2017.
Para 2018, el presupuesto prevé un nivel similar al programado en 2017, en términos de la inversión pública total.
Por otro lado, los últimos tres años, se registra una disminución significativa de los niveles de inversión de los gobiernos subnacionales, resultado de la caída de ingresos. Al contrario, el nivel central y sus instancias dependientes, que cuentan con otras fuentes de financiamiento como créditos, son las que ahora tienen mayor peso en la inversión total.
En el caso de los gobiernos municipales, éstos estarían reduciendo su nivel de inversión aproximadamente a la mitad de la inversión registrada el año 2014, que fue el máximo alcanzado.
En los gobiernos departamentales, estarían reduciendo a menos de la mitad. Esto implica un retorno a los niveles de inversión del año 2012 para los municipios y, en el caso de las gobernaciones, a niveles similares a los registrados entre los años 2006 y 2010.
La inversión de los gobiernos subnacionales es la que llega de manera más amplia a todas las regiones del país; en este sentido, esta situación representa un riesgo bastante preocupante en sentido de analizar los indicadores económicos y sociales alcanzados, y su perspectiva en un contexto con menores recursos.
DÉFICIT
Desde 2014, el Sector Público retornó de manera abrupta a registrar nuevamente déficit (más gastos que ingresos), llegando a niveles cercanos a 7% del PIB en 2015 y 2016, respectivamente.
Para 2017 se programó inicialmente en el presupuesto un déficit de 7,8% del PIB (el Acuerdo Fiscal Financiero entre el Ministerio de Economía y el Banco Central señala un objetivo de 6,5% para 2017). La tendencia del déficit es creciente, puesto que para 2018, se tiene proyectado, en el presupuesto un déficit de 8,3%, acercándose a niveles preocupantes.
PERSPECTIVAS
En 2017 continuó la disminución de ingresos del Estado provenientes de hidrocarburos, lo que se registra desde 2015; sin embargo, al parecer, ya se habría llegado al nuevo nivel en el cual fluctuarán estos ingresos, al menos en el corto plazo, incluyendo la gestión 2018. Los ingresos anuales que ahora se reciben por estas fuentes son menos del 40% de lo que se recibía en 2013 y 2014, aproximadamente.
Los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central (sin considerar el IDH), que es una variable que normalmente tiene una tendencia creciente, registran un estancamiento después de 2015, incluso sufrieron una leve disminución en 2016, lo que se suma a la nueva restricción por la que atraviesan las finanzas públicas después de la bonanza.
En el marco de la actual distribución de los recursos públicos, la caída de ingresos afecta más a los gobiernos subnacionales, puesto que estas instancias dependen en mayor medida de los recursos provenientes de hidrocarburos.
Por otro lado, la inversión pública total habría llegado a un nivel máximo en 2016 y desde 2017 se registraría una leve tendencia a la baja. Sin embargo, al interior de la inversión total, se observan tendencias preocupantes, puesto que la inversión de los gobiernos subnacionales y los sectores o responsabilidades que éstos atienden están registrando una disminución significativa (a menos de la mitad), como resultado de la caída de sus ingresos.
Aún las finanzas públicas estarían en proceso de readecuación en relación a la nueva situación de ingresos, registrándose un déficit creciente y, en consecuencia, mayor endeudamiento.
El tema de la caída en ingresos de los gobiernos subnacionales y su disminución de inversiones y gastos debería ser un tema de vital atención de las autoridades, sobre lo cual se deberían tomar ciertas medidas por los efectos económicos y sociales que éstos pueden tener.
Los gobiernos subnacionales tienen competencia sobre los principales sectores relacionados a la situación de pobreza de la población, o lo que es la protección social, como educación, salud, agua potable, oportunidades económicas/empleo y otros, que también son componentes de la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas. Preservar o mejorar los avances en la lucha contra la pobreza y otros indicadores sociales depende en gran medida de los gastos e inversiones de gobernaciones y municipios.
Bajo el actual diseño fiscal, el marco y la manera en el que se desenvuelve la gestión pública, la nueva situación de las finanzas públicas podría resultar en una reducción de la protección social y en vulnerar los alcances en indicadores sociales alcanzados hasta el momento.
Es altamente necesario establecer políticas para adecuar las finanzas públicas al nuevo contexto con menores ingresos, de manera que no se descuiden los temas fundamentales y se dé una mayor sostenibilidad a las finanzas.
Asimismo, después del período de crecientes ingresos (hasta 2014) con una ampliación del gasto e inversión a todo nivel, es momento de optimizar el uso de los recursos públicos en inversiones que generen retornos económicos y/o sociales, con base en rigurosas evaluaciones técnicas.
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