Una declaración de Evo Morales, mandatario de Bolivia (hace años un profesor de secundaria decía que a los presidentes se los debe denominar de ese modo dado que el “primer” mandatario fue Simón Bolívar) a fines del mes pasado da cuenta: “estamos debatiendo, por ejemplo, quiero que sepan los jóvenes, una ley de jubilación obligatoria porque he visto algunos hermanos con 70 u 80 años se duermen en la mesa y traen a su ayudante y de su sueldito pagan”. Además se dio a saber que la jubilación obligatoria a los 65 años permitirá que los “jóvenes” ocupen esos espacios y desarrollen sus labores “con eficiencia”, entendiéndose esto en resumidas cuentas como que los funcionarios de dicha edad no cumplen eficientemente. Asimismo, con ese “relevo” de más de 152 mil trabajadores recién se podrá garantizar empleos para el conglomerado de la “juventud” desempleada.
Pero ¿y qué fue de la creación y generación de nuevos empleos en el país?, se preguntan los afectados mediante sus portavoces. Por otro lado cuestionan que la medida relativa a la jubilación forzosa no alcanza a autoridades electas, de libre nombramiento, designadas, y docentes universitarios, quienes quedarán exentos de la aplicación de la nueva norma de jubilación obligatoria, según se anticipó. Al respecto los “damnificados cuestionaron: ¿y quién garantiza que una determinada autoridad de 70 años o más podrá demostrar que no está senil y goza de buenas condiciones físicas y mentales?; ¿quién puede poner las manos al fuego por un catedrático de 75 años -tiene sus ayudantes- que cuando da clases no se fatigue y por consiguiente se duerma? Por supuesto que el ser autoridad electa, de libre nombramiento, designada, o docente universitario, si es mayor de 70 años, sólo por esa su condición no significa y menos está avalado de que se halle en buenas condiciones físicas y mentales tal como se pretendería hacer ver. Por el contrario, se afirma que a los 65, aún se encuentran en el pleno goce de sus capacidades.
En consecuencia no va por esa vía la búsqueda de una solución a la carencia de trabajo en el territorio nacional, hecho que por el contrario quizá pueda agravar la situación difícil en la que ya de por sí se debaten los sectores mayoritarios que, en suma, son los de menores ingresos. Más cuando estos segmentos poblacionales denominados como mayorías nacionales, sometidos a una serie de imposiciones, tienen cuesta arriba su diaria subsistencia, debido a la elevación de las tarifas eléctricas, la especulación de los comerciantes que cada vez pretenden ganar más a costillas de ellos, la prosecución de los ya tan consabidos “trameajes” del transporte público que les ocasiona una doble o triple erogación en gastos de pasajes, la inseguridad galopante que hace que muchos pierdan lo poco que tienen porque están expuestos a robos, atracos, cuentos del tío, y en fin una otra serie de hechos negativos que se ciernen sobre ellos haciendo que tengan una calidad de vida pésima.
Así, virtualmente echarlos a las calles, no significaría más que indolencia e insensibilidad. Más aún cuando en otros países ya es casi un hecho que la edad de jubilación será a los 70 años debido a los avances que se logró en la medicina, así como el desarrollo de vacunas y antibióticos que hacen que las personas vivan más.
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