Amenazas a los medios

Desde hace algún tiempo, los medios de comunicación del país y del mundo se sienten bajo amenaza cuando informan u opinan sobre temas políticos o de la administración pública, pese a que invariablemente tienen que ver con los intereses nacionales y, en casos, con la seguridad e interés de los propios ciudadanos.

Esta situación, anómala, por cierto, se da cuando se sostiene que “en Bolivia se vive en democracia”, aunque se crea inseguridad en la función que cumplen los medios.

Se justificaría dicha afirmación si en el país existiera plena libertad e independencia para cumplir las funciones periodísticas, pese a que éstas solo están dirigidas a prestar un servicio público, sin hacer prevalecer interés particular alguno.

Puede que, en ocasiones, los medios tengan que abordar temas ingratos, que tengan alguna vinculación con conveniencias o intereses de funcionarios públicos, pero se olvida que por encima de todo están los asuntos del Estado, que no son precisamente los referidos a las autoridades de turno, a menos que éstas incurran en excesos o actos censurables, con la posibilidad de que sean abordados de forma pública.

Solamente en estos casos los medios de comunicación tratan estos asuntos, pero lo hacen exclusivamente cuando conciernen a la administración del Estado, aunque, en algún momento, puede que incidan en la actitud o comportamiento de las autoridades del turno.

Es posible, entonces, que en alguna oportunidad sea afectado algún interés particular. De suceder ello, no es precisamente por esta circunstancia, sino porque son asuntos de conveniencia pública.

Cuando esto se produce, no puede ser que los medios de comunicación tengan que hacer mutis, no les queda otra opción que abordar la temática, inclusive sin limitaciones mayores, salvo las circunspecciones que tienen que observar para cumplir su labor. En tanto apliquen esta conducta, no caben las críticas ni censuras individuales o de grupo, partiendo del hecho de que todo cuanto hacen o abordan tiene que ver necesariamente con el interés general.

Tal vez, en ocasiones, éstos tengan que ver con mayores generalidades y, en estas eventualidades, toquen algún interés particular, pero se debe comprender que si esto acontece, es más accidental que deliberado. Por lo tanto, quien o quienes se sientan afectados por lo publicado o difundido, tienen derecho a solicitar las rectificaciones del caso, circunstancia en la que los medios, cualesquiera fueren éstos, se hallan obligados a difundirlas con la propiedad que ameriten.

Sin embargo, la preocupación de estas líneas se halla más referida a las restricciones, limitaciones que ejercen los órganos públicos y, por supuesto, las autoridades a las que conciernan. Puede que lo que se diga en los medios no siempre sea motivo de satisfacción de todos, pero cuando atañen al Gobierno y, en general, a la administración de los intereses públicos, lo pertinente es admitir la libertad de expresión y de prensa. Con esta amplitud, es necesario poner en práctica la vigencia de todas las implicaciones que tiene el ejercicio de la democracia.