Chile pretende el 50% de las aguas del Silala

ANTECEDENTES

El 6 de junio de 2016 Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por las aguas del Silala, adelantándose a las manifestaciones del presidente Morales, formuladas en marzo del mismo año. Chile señaló en su demanda que de los 8,5 kilómetros de extensión del Silala, 3,8 están en territorio boliviano y 4,7 forman parte de la soberanía chilena, por lo que debería ser considerado como un río internacional.

Se conoce que en la memoria presentada por Chile el pasado 3 de julio de 2017, Santiago incluyó mapas, evidencias y otros argumentos para obtener el respaldo de los jueces del tribunal internacional.

Por otro lado, Chile afirma en la demanda, en los puntos 2 y 10, que el Silala nace en territorio boliviano y cruza la frontera hasta desembocar en otro fluvial, el Inacaliri. Santiago defiende la existencia de antecedentes geográficos, geológicos e hidrogeológicos que demostrarían que el cauce fue labrado por medios naturales y que, a pesar de la interferencia humana, el curso del agua no ha variado y sigue su curso natural.

Desde la denuncia que hizo el autor del presente artículo, en septiembre de 1991 se confirmó que el Silala está formado por muchos manantiales, cuyas aguas fueron canalizadas a partir de 1908 hasta concluir aproximadamente en 1913. Estas aguas estaban destinadas al aprovechamiento de la empresa de ferrocarriles The Antofagasta (Chile) and Bolivian Railway Company Limited, de acuerdo con el Contrato de concesión No. 48 de 1908, firmado entre la Prefectura de Potosí, representado por el Sr. René Calvo Arana, Prefecto accidental, con en el Sr. Benjamín Calderón, representante de la empresa anglo chilena, para aprovechar las aguas del Silala, ubicadas en el Vice Cantón Quetena Chico del Cantón Quetena, provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, Bolivia.

Este contrato de concesión fue firmado con base en el Art. 204 de la Ley de Aguas de noviembre de 1906, que sigue en vigencia. Mientras que el contrato de concesión fue revocado en junio de 1997.

En marzo de 2016, el presidente Evo Morales anunció que denunciaría a Chile ante la CIJ por el uso “ilegal” y “abusivo” que hace de las aguas del Silala. David Choquehuanca dijo que demorarían dos años en preparar esa demanda, anuncio que alertó a los chilenos, quienes demoraron solo 2 meses y medio y presentaron la demanda ante la CIJ.

CHILE PRETENDE EL 50%

DE LAS AGUAS DEL SILALA

En el Punto 4 Chile pide a la CIJ que juzgue y declare el uso del sistema de río Silala como un derecho que le corresponde a ese país. El inciso B, Punto 50 de la demanda, señala que “Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del sistema del río Silala, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario”, además complementa y aclara en el inciso C que “Bajo ese estándar de utilización equitativa y razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala”.

Por otro lado, en la demanda se puede leer en el Punto 30 que: “el año 2006, (el) asunto del Silala fue incluido en la agenda de los 13 puntos”. En 2009, ambos países alcanzaron un acuerdo preliminar que permitiría usar el agua a los dos territorios, pero tras varias consultas comunitarias en Bolivia, el Comité Cívico de Potosí se opuso y el pacto no prosperó. Se rechazó el pago del 50% de la deuda histórica por el uso y aprovechamiento de las aguas del Silala.

GOBIERNO BOLIVIANO DEBE ASEGURAR EL ÉXITO DE LA CONTRA-DEMANDA POR LAS AGUAS DEL SILALA

En caso de no asegurar el éxito de la demanda presentada por Chile contra Bolivia sobre las aguas del Silala, el gobierno de Bolivia deberá renunciar y al mismo tiempo se lo debe someter a un juicio de responsabilidades. Y es que fue el gobierno boliviano, a través de diferentes autoridades, el que afirmó, como señalan los Puntos 9, 37, 38, 39 y 41 de la demanda chilena, que Chile, con base en varias circunstancias, no tiene derecho sobre las aguas del Silala. Por tal motivo los chilenos se adelantaron y demandaron a Bolivia ante la CIJ en junio de 2016.

El autor es economista.