Rector ratifica proceso a policías

Mientras el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, ratificó las acciones penales contra los efectivos de la Policía que intentaron ingresar al Monoblock, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, emplazó a la autoridad universitaria demostrar que hubo “francotiradores” para reprimir las movilizaciones.

El Rector de la casa superior de estudios calificó de “abuso y atropello a la autonomía” las acciones cometidas por la Policía, por lo que exigió al Comandante de la Policía una sanción.

“En forma abusiva y arbitraria allanaron nuestros predios, ingresaron con violencia para continuar lanzando gases lacrimógenos dentro de los ambientes de nuestra institución, se ha vulnerado la autonomía, pero además se han vulnerado los derechos humanos de los estudiantes. Ante esas acciones ratificamos el inicio de un proceso penal contra los policías que son identificados violentando candados y muros del Monobloc”, dijo.

La autoridad exigió al Ministerio de Gobierno y al Comandante de la Policía, identificar a los oficiales que realizaron los mencionados hechos para poder tomar las acciones pertinentes contra los responsables.

Finalmente abogó por una mesa de diálogo “entre las partes en conflicto” para dar lugar a una solución consensuada, pacífica y definitiva del problema.

RÉGIMEN INTERIOR

Entre tanto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, “emplazó” al rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, a demostrar la existencia de “francotiradores” para reprimir las movilizaciones de estudiantes universitarios que apoyan el paro médico.

“Le desafío públicamente a la principal autoridad académica de la universidad más importante del país, a que nos demuestre con pruebas que la Policía empleó francotiradores para controlar el orden ante la violenta manifestación de universitarios”, dijo en conferencia de prensa.

El viceministro de Régimen Interior y Policía invitó públicamente a Albarracín a realizar un patrullaje conjunto para constatar el extremo de decir que se emplean francotiradores para disolver las manifestaciones de médicos y estudiantes.

Advirtió que el Ministerio de Gobierno se querellará contra los manifestantes que no solamente atentaron contra la propiedad pública, sino que atacaron a las fuerzas del orden para generar bajas entre los uniformados.

“No se tolerará que los manifestantes cometan delitos, se usen armas caseras para atentar contra la integridad física de los policías”, afirmó.

DETENIDOS

En fuentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se informó que los dos estudiantes arrestados (un varón y una mujer), cumplieron sus ocho horas de sanción y fueron liberados a primeras horas de ayer. No así el tercer estudiante (varón) acusado de portar canicas y petardos para disparar a los policías que fue puesto a disposición de la Fiscalía.

El jueves pasado, los policías se enfrentaron con estudiantes que marcharon en contra del artículo 205 del nuevo Código Penal y el Decreto 3385. Hubo gasificación y los jóvenes intentaron cobijarse en la UMSA, pero la Policía ingresó a los predios universitarios para continuar la represión.

Los médicos de Bolivia cumplieron ayer 30 días de paro indefinido, que deja un saldo de nueve estudiantes detenido y varios heridos. El conflicto continúa con el anuncio del sector de radicalizar sus medidas de presión; su dirigencia confirmó en las últimas horas que no suspenderán las protestas antes de que se suscriba un acuerdo con el Gobierno.

El Colegio Médico de Bolivia pide la anulación del artículo 205 del proyecto de ley del Código de Sistema Penal sobre mala práctica profesional. No solo buscan ajustes, pese a que participaron, según Montaño, en su redacción.

El conflicto afecta a miles de pacientes que esperan se tendidos en los distintos centros hospitalarios, razón por la que las Naciones Unidas alertó que el conflicto puede desembocar en una crisis nacional.