Exagerada burocracia impide que discapacitado trabaje legalmente

Leandro Limachi es vendedor de varios productos, cuyo puesto de venta se encuentra en el suelo del atrio de uno de los edificios de la calle 21 de San Miguel (zona Sur).

Este comerciante extrema su esfuerzo para ganarse el pan de cada día mucho más que los demás, porque tiene discapacidad en la motricidad y el habla.

Pese a esta dificultad, él desde hace ocho meses realiza constantes visitas a la Dirección Económica de la Subalcaldía de la zona Sur, a cargo de Pedro Arciénega; con el objetivo de legalizar su situación para “poder trabajar tranquilo”, sin que personal de la Intendencia o Guardia Municipal ejerzan presión sobre él, en el momento que efectúa su trabajo, sólo por no tener licencia.

EL DIARIO, por un sentido de humanidad, tomó contacto con el mencionado personero de la Alcaldía (Arciénega), desde hace tres meses, quien en primera instancia indicó “que se tenía predisposición de ayudar al vendedor, pero que el trámite debía seguir un curso regular”.

Aunque no explicó cuánto tiempo se tarda en tramitar una licencia. Empero, ocho meses, es demasiado tiempo para cualquier trámite y mucho más aún para una persona que se mantiene con su trabajo y además, tiene una discapacidad.

Existe en el Gobierno Municipal de La Paz la Ley para Personas con Discapacidad, aprobada en octubre de 2016, que en el artículo 17 establece que “el Gobierno Autónomo Municipal en el marco de sus competencias, promoverá los derechos laborales y fomentará la formación técnica de personas con discapacidad, a través de programas de inserción laboral dentro de una política de inclusión laboral”.

Sin embargo, en el caso de Leandro Limachi, se está vulnerando la normativa porque lejos de “promover la actividad laboral del discapacitado” se le está impidiendo trabajar.

Por su estado de salud, Leandro Limachi no puede efectuar los correspondientes papeleos para formalizar y legalizar su actividad que encuentra un “muro” ante las exageradas demoras burocráticas en esa instancia municipal.

EL DIARIO comprobó la queja y luego de tres meses de contactos con el funcionario, él quedó en que nos informará del trámite sólo después de las actividades de control de las fiestas de fin de año.

Y hasta el momento, Leandro Limachi sigue comercializando sus productos de manera informal, a merced de propietarios de edificios cercanos a su actividad que por humanidad le prestan espacios, no permanentes y con el peligro que en cualquier momento lleguen los guardias municipales y lo desalojen, con métodos que no siempre son amables y que hasta le puedan incautar sus productos.