Se complica el conflicto médico

Las recientes marchas, inobjetablemente multitudinarias, contra el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal que penaliza por partida triple la llamada mala praxis médica y las disposiciones referidas al control y fiscalización de la medicina, así como para que el Estado preste una mayor atención a la salud pública del país, fueron reprimidas descomunalmente y con saña por las unidades policiales, produciendo por lo menos una decena de heridos, contusos, asfixiados por el gas lacrimógeno y detenidos. El monoblock de la UMSA fue testigo del atentado más grave de los últimos tiempos a la Autonomía Universitaria, cuando efectivos policiales violaron más de una de las puertas de ingreso y una vez adentro siguió la gasificación. Esta actitud denuncia a las autoridades del Ministerio de Gobierno y al Comando Policial por haber instruido dichos atropellos, pues sin autorización superior no habrían tenido lugar.

A punto seguido, corresponde a esas autoridades efectuar una seria investigación sobre posibles francotiradores de gas que actuaron desde el nuevo edificio de YPFB en el Prado, y no limitarse a negar este extremo tan criminal.

En la negativa del Gobierno a conjurar el conflicto que se extiende por más de 30 días, propala que el señalado Código Penal está promulgado y es inamovible. Ello no es cierto porque cualquier ley legislativa puede ser derogada. Por ejemplo, de ese modo procedió el Gobierno con la Ley que declaró la intangibilidad del Tipnis, a la cual derogó con sus 2/3 para a su vez levantar la intangibilidad y dar vía libre a la construcción de una carretera por el corazón de esa reserva natural. Para dichos 2/3 del MAS las leyes no tienen otro valor que el de los simples votos resolutivos sindicales, sustituibles según las conveniencias del momento.

Tanto la reiterativa propaganda por televisión como las amenazas de destitución y remoción de médicos, no hacen otra cosa que echar más leña al fuego. Sensiblemente el Jefe del Estado es otra figura que lo aviva, expresando en rueda de periodistas que “son confesos de negligencia médica” los galenos que se oponen al artículo 205. Estamos ante un fuego cruzado que puede ser más devastador de lo que ya es.

En cuanto a la denominada mala praxis médica, debería tratarla el Estado mediante una ley del sistema médico general, pero no incluida en el Sistema Penal, sino precisamente como parte de una disposición específica del rubro. Tampoco es aceptable la importación de médicos cubanos -en curso ya- para sustituir a los médicos bolivianos, amenazados de destitución. Sucede que desde comienzos del régimen estos elementos atienden sin más y libres de todo trámite. Deben revalidar sus títulos profesionales y a través de ese requisito comprobar al menos su idoneidad y profesionalismo.