Hasta la milenaria sabiduría y capacidad diplomática de la Iglesia católica se vio impedida de hacer algo para dar vías de solución al conflicto del Gobierno con los médicos, luego de los padecimientos a que éstos últimos están siendo sometidos y al inaguantable sufrimiento de los enfermos. Los galenos han desestimado la intervención de los obispos y eso es producto de la desesperación. Que un Estado no llegue a solucionar un problema con los profesionales médicos y otros trabajadores del rubro, y que por esa circunstancia una nación se quede a merced sólo de los servicios de emergencia, es un innegable paso hacia la prehistoria, hacia las cavernas. Por lo tanto, una institución tan sólida como la Iglesia, pudo hacer algo positivo, aunque sabemos muy bien que este Gobierno se ufana tanto de amar al Santo Padre como de detestar al clero.
No nos vamos a referir al art. 205 del Código Penal porque todos los lectores saben de memoria que la madre del cordero está, fundamentalmente, en la sanción al concepto de “mala praxis”, es decir del error o la negligencia que pueda tener un profesional médico con su cliente. Es cierto que una falla de esta naturaleza puede traer consecuencias muy graves en un paciente y hasta llevarlo a la muerte. Eso es lo que el Gobierno quiere sancionar supuestamente. El problema está en que el Código Penal no afecta de la misma forma, por ejemplo, a jueces y fiscales, quienes hoy mismo están matando el espíritu de cientos de personas que no tienen dolencias físicas, pero sí morales, que son permanentemente acosadas por la injusticia o la mala aplicación del derecho existente en el país.
¿Cómo se determina la “mala praxis” dentro del derecho? Imagino que esa “mala praxis” aplicada al derecho no es otra cosa que la prevaricación. ¿Cómo y quién sanciona los monumentales errores judiciales existentes en la actualidad? Al parecer más bien se los alienta, lo que es catastrófico. En el campo médico es indudable que existen profesionales excelentes y otros no tan buenos. Pero ninguno quiere matar a su paciente. En el caso de jueces y fiscales (peor si son designados sin que nadie los conozca ni los elija) ninguno es destacado. Y la mayoría obedece en sus fallos a lo que la autoridad ordena. Entonces el prevaricato mata conciencias. ¿Es equiparable la responsabilidad que tienen en sus manos los médicos con la de jueces y fiscales o de otra profesión? Creemos que no, que la del médico es una responsabilidad mayor, más expuesta, y que por tanto se requiere de mucha más ecuanimidad cuando se aborda el tema médico.
Si el Gobierno aprueba un Código Penal aprovechando su mayoría parlamentaria, como ha sucedido, la discusión queda terminada. Promulgada la ley nada más se puede hacer, porque sabemos que no se le va a torcer el brazo al oficialismo que sabe aprovechar de sus dos tercios. Entonces lo que queda es la protesta callejera, que deploramos muchos. Pero en el caso médico la protesta está justificada ante la soberbia del MAS que hasta hace alarde de burla contra las manifestaciones, pero el problema es que en las circunstancias presentes estamos marchando hacia la Edad de Piedra, hacia las cavernas, porque, entre el Gobierno y los médicos están los enfermos que no tienen socorro, lo que sintetiza el pésimo momento que vive Bolivia.
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