Identifican puntos frágiles del Gobierno en 2017

La dependencia de los poderes del Estado, la deficiencia de las empresas públicas y los conflictos sociales fueron los temas principales de análisis de la gestión gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), expertos avizoran un 2018 conflictivo.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, manifestó que este año uno de los desaciertos del Gobierno es la injerencia en los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, el cual se dilucidó en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales para una reelección indefinida.

Por otra parte el exdiputado de Convergencia Nacional (CN), Mauricio Muñoz Encinas, también señaló que por cuarto año consecutivo se cierra la gestión con un déficit que sobre el ocho por ciento, debido al endeudamiento externo e interno.

En base a estos antecedentes, ambas personalidades advierten que en 2018 la crisis económica y los conflictos sociales convulsionarán el país. Sin embargo, ante este análisis el diputado del partido oficialista, Javier Zabaleta, señaló que el 2018 la estabilidad económica y política mejorará, a tiempo de asegurar que el tiempo de las vacas flacas llegó a su fin.

ANÁLISIS ECONÓMICO

En opinión de Muñoz la deuda del Estado alcanza a $us 13.500 millones, el préstamo externo supera $us 9.108 millones y la deuda interna a los $us 4.253 millones. Además que por cuarto año consecutivo el déficit fiscal llega al 7.8 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto.

“El Presupuesto General del Estado (PGE) fue presentado en pasadas semanas y dicen que terminará con un 8% de déficit fiscal, ni en la peor época de Bolivia se llegaron a esos índices (…) es decir estamos gastando más recursos de lo que generamos”, explicó el legislador.

El Gobierno programó en el PGE 2018 un déficit fiscal de 8,3%. Este porcentaje se aproxima al nivel más alto registrado desde 2002, en esa gestión fue del 8,8%, debido al elevado gasto corriente que presentaba el sector público.

La diferencia está en que en esa época el país no gozaba de los elevados ingresos, producto del boom de precios del petróleo de los últimos años, tampoco se tenía el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Para este año, el Gobierno presupuestó un déficit fiscal de Bs 20.550 millones, equivalente al 7,8% del Producto Interno Bruto.

INJERENCIA

Albarracín manifestó que uno de los retos del actual Gobierno era de instaurar nuevas formas de política y el equilibrio de los estamentos del Estado: Órgano Judicial, Legislativo, Ejecutivo y Electoral, sin embargo se evidenció un total dominio del ejecutivo en las demás instancias.

“Los antiguos y los actuales Gobiernos no han promovido estos intereses, porque ahí está la clave de un sistema democrático genuino, en este año se hizo lo contrario para mantener el dominio en las otras instancias de poder”, resaltó la autoridad.

A su criterio uno de los hechos más evidentes es la elección de las altas autoridades al órgano judicial y al tribunal constitucional plurinacional, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa realizó el proceso de preselección y eligió a los postulantes para remitirlos al Órgano Electoral.

La UMSA planteó que se llegue a un consenso entre opositores y oficialistas promuevan la llegada de los mejores profesionales en derecho para que ocupen esos cargos, no obstante esto fue rechazado por ambas posturas.

CONFLICTOS SOCIALES

Por otro lado, en los últimos meses se registraron conflictos sociales con diversos sectores. Los comunarios de Achacachi exigieron la renuncia de su alcalde Édgar Ramos por estar involucrados en hechos de corrupción.

Desde el pasado 23 de noviembre el sector médico se encuentra movilizado en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 3385 y del Código de Sistema Penal.

Más sectores sociales, como los gremiales, el transporte internacional, la Central Obrera Boliviana (COB), magisterio, se movilizarán desde la primera semana de enero, en apoyo a los galenos y la anulación de la nueva norma penal.