Pacto fiscal no consideró que La Paz es sede de Gobierno

El pacto fiscal fue incapaz de generar condiciones para una redistribución de recursos de manera más equitativa y no consideró que el municipio de La Paz, como sede de Gobierno, debe soportar los costos por servicios del 90% de las instituciones del Estado, afirmó el secretario de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Marcelo Revollo.

La autoridad municipal dijo que La Paz tenía mucho que decir en términos de modelos de gestión, eficiencia, sector salud, así como en el tema tributario en el cual se hicieron muchas propuestas, a través de la Asociación de Municipalidades de La Paz (Amdepaz) que no fueron tomadas en cuenta.

“Lamentablemente el pacto fiscal ha terminado siendo una línea discursiva, no ha tenido los resultados esperados porque en ninguno de los casos se ha entrado hacer una redistribución de los recursos, simplemente se han dado elementos de carácter paliativo”, señaló.

Explicó que se crearon algunas comisiones de carácter sectorial en materia de seguridad ciudadana, un sistema tributario para ver el marco jurídico para las empresas públicas subnacionales y se generaron algunos consejos de coordinación intergubernamental que tendrán un carácter permanente al igual que la mesa del pacto fiscal.

“Pero en el fondo no hubo esa predisposición para hacer esa redistribución eficiente de recursos y mucho menos se ha hablado de una adecuación competencial de un nuevo marco competencial que venga acompañado de los recursos para que las entidades autonómicas puedan hacer gestión”, manifestó.

El secretario de Planificación dijo que La Paz, por tener la condición de sede de Gobierno, tiene mayores requerimientos en gastos y diferentes a otras capitales de departamento.

“No nos olvidemos que en La Paz funciona el 90% de las instituciones del Estado y ello demanda servicios soportados desde el Gobierno Municipal de La Paz como transporte, aseo y otros y lo va a seguir haciendo, pero no se tomaron ese tipo de criterios para hacer la redistribución equitativa acorde a los niveles de gasto de algunas alcaldías”, explicó.

También observó que en el caso de las gobernaciones departamentales son las que menos recursos tienen y tampoco se han dado respuestas a los planteamientos de las gobernaciones de Tarija, Santa Cruz y La Paz para revisar las asignaciones por coparticipación tributaria.

“No se ha llegado a satisfacer las expectativas de los niveles territoriales autónomos; solo se han dado elementos paliativos a través de estas comisiones y consejos donde se revisarán planteamientos normativos, pero en ningún caso se dio la oportunidad de revisar la redistribución de los recursos”, mencionó.

Arroyo dijo que debió haberse revisado con mayor detalle y profundidad los mecanismos de asignación de recursos para satisfacer las necesidades que han planteado las gobernaciones y los municipios.

“Sabemos que el 85% del Presupuesto General del Estado se concentra en el Gobierno central y apenas el 15% se distribuye a las entidades territoriales autónomas, también conocemos los argumentos en sentido de que los recursos se van a las empresas estratégicas, descentralizadas como la Policía, Fuerzas Armadas, pero sabemos que estas están bajo tuición de algunas instancias del nivel central”, mencionó.

Citó que en la gestión 2018, el GMLP cuenta con un presupuesto de 2.239 millones de bolivianos, los cuales el 65% estará destinado en inversión social. “Es un año con fuerte componente en inversión, estamos hablando que el 56% de los recursos del presupuesto van a ser por tema de impuestos, venta de servicios y demás y solo un 36% está financiado a través de las transferencias del Gobierno nacional”, acotó.(ANF)