Las perspectivas del año 2018 tienden a ser inciertas, al considerarse cómo fue el período que termina, que resultó tener variantes que en unos casos fueron positivos, pero en otros adversos.
Los componentes principales de la economía, como son la minería y los hidrocarburos, no tuvieron un buen comportamiento en 2017. En el orden de las manufacturas, que en años anteriores arrojaron algunos resultados positivos, también confrontaron una relativa declinación.
Contra todo lo que podía imaginarse, los médicos han sido y continúan siendo los protagonistas de uno de los conflictos sociales más extensos y dramáticos, porque sus efectos recayeron en los enfermos y, en general, en el fundamental servicio de salud del país.
La responsabilidad ha sido del Gobierno, que hizo aprobar una ley con la que trató de golpear a un sector profesional que aunque nada tiene que ver con la política, su intención estuvo dirigida a una clase social de alto rango, no precisamente por motivaciones raciales, sino por el mayor status y distinción que tiene en todas las sociedades del mundo.
Un factor dominante en este nuevo año será la política, porque constituirá el de la víspera de las elecciones generales de 2019, que se avecinan como bastante cargadas de discrepancias y tensiones.
La causa que las precipitará ha de ser la nueva reelección de Evo Morales, que ha cumplido ya tres mandatos, uno constitucional y dos por medio de reelecciones forzadas.
En la tercera reelección que buscaría en 2019 resulta extraño que no cumpla con el referéndum del 21 de febrero de 2016, que se realizó precisamente bajo su mandato. El resultado de esa consulta ha sido negativo para que se pretenda más de una postulación.
Pero el asunto no solo es de extrañar, sino de una violación al propio mandato que emergió de tal consulta, con la agravante de que lo comete el mismo gobernante que dispuso aquella consulta ciudadana.
El caso es más agravante todavía porque es burlarse de la decisión adoptada por la ciudadanía que votó en contra de las reelecciones sucesivas. Con qué pudor se le puede pedir ahora que se contradiga a sí misma en el pronunciamiento que emitió en el referéndum.
Ante esta situación completamente anómala, la ciudadanía puede desistir de concurrir a las urnas, en demostración legítima de que no se le puede imponer algo que es ilícito en lo que corresponde a la honorabilidad de las personas y con mayor razón de toda una sociedad.
Ante semejante circunstancia, se estaría impulsando a los bolivianos a caer en el descrédito, cuando se les convoca a consultas cívicas de manera informal e inclusive puede expresarse que es un desprestigio para el país ante el concepto internacional.
Todavía es tiempo de desistir de incurrir en todos estos atropellos. De lo contrario, el Gobierno se expone a que la ciudadanía, en forma individual o colectiva, demande la aplicación de la Constitución, la que en su Sección IV, sobre Acción de Inconstitucionalidad, en el artículo 132, dispone:
“Toda personal individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”.
A su vez, el artículo 133 instituye que “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto de todos”.
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