Federico Zelada Bilbao
En los contrasentidos de la metafísica popular del Papirri probablemente se debe incorporar el de la “dictadura judicial”, pues con apariencia democrática los órganos de represión al servicio del gobierno (policías o no) acallarán cualquier protesta popular que no sea de su agrado, disfrazados de civiles detendrán a los transeúntes en las calles, allanarán casas violentamente y encarcelarán bajo el paraguas “legal” del Código del sistema penal. Esto y más es absolutamente posible después de que fueron rotos los principios democráticos el 28 de noviembre, ante el fallo del Tribunal Constitucional imponiendo, de facto, la reelección indefinida de los nuevos tiranos que se creen dueños del poder y del país.
¿Por qué el gobierno de manera tan artera aprobó el 15 de diciembre su arbitrario y aberrante Código del sistema penal boliviano?
Primero porque el 2018 quiere empezar con acciones demagógicas a favor de sectores empobrecidos, a expensas de quitar y empeorar las condiciones de existencia de los trabajadores y las clases medias urbanas. Por supuesto, no tocará los privilegios de sus verdaderos mandantes: las corporaciones chinas, japonesas o norteamericanas, a las cuales llama sus “socias”.
El gobierno de Evo Morales, aconsejado por sus acólitos del partido comunista, quiere replicar la receta de anular derechos de la clase media y de los jubilados, en nombre de eficiencia, equidad, transparencia, etc. y utilizar ese asalto a aportes laborales para incorporar a los servicios públicos de salud a sectores empobrecidos, generalizando de esta manera su precariedad (filas interminables, maltratos, ausencia de equipos y un gran etc.), generando un conflicto creciente que ahora torna a los médicos en un sector cada vez más radical.
Además, como en Cuba y Venezuela, el gobierno va a evitar que la policía se dedique a delitos menores como el robo y el hurto y se aboque solamente a las tareas de represión, pues la sustracción de garrafas o televisores ya no es catalogada como delito. Sin embargo, son precisamente estos hechos los que provocan la mayor indignación entre los pobres e incluso promueven la denominada justicia comunitaria.
¿Es posible creer que el gobierno falso socialista, que en realidad sigue obedientemente los postulados neoliberales y es el artífice de profundizar a extremo el capitalismo salvaje y causar el empobrecimiento de vastos sectores, nos proporcionará un servicio de salud con calidad y calidez?
Utilizando como taparrabos las dudosas cifras de 16.686 nuevos puestos de trabajo en salud y la “inversión” (entiéndase negociado) o mejor el gasto en salud de más de 18 mil millones de bolivianos de 2017 (7 veces más que el 2005), pero desarticulado, sin planificación, con sobreprecios y sólo para que el jefazo tenga qué inaugurar cada día y ejercitar su consabida y patética demagogia.
La comparación de cifras con países latinoamericanos echa por tierra el falso progreso que pretende mostrar el gobierno a la población.
Tomando información de CIA World Factbook: Argentina tiene 4.5 camas por cada 1.000 habitantes, Chile 2, Perú 1.5, Haití 1.3 y Bolivia, en último lugar de la región, con 1.1 camas por cada mil habitantes.
Por su parte, con cifras del Banco Mundial se constata que Argentina tiene 1.4 médicos por cada mil habitantes, Chile 0.6, Brasil 0.4 y Bolivia, en último lugar, con 0.3 médicos por cada mil habitantes.
La Organización Panamericana de la Salud, con datos de 2017, establece que la esperanza de vida al nacer, más longeva en Sudamérica se encuentra en Chile con 79.7 años, Argentina 76.7 años, Perú 75.2 años, Paraguay 73.2 años y otra vez Bolivia en el último lugar con 69.5 años de esperanza de vida.
Como se observa, tanto en número de camas hospitalarias, en médicos por cada mil habitantes y en esperanza de vida somos últimos en la región.
Aunque toda la región tuvo bonanza en la década pasada, se ve que nuestros vecinos utilizaron mejor sus recursos que nuestro gobierno, pues lo que no se hace bien, aunque tenga un gran respaldo financiero, no sirve para un verdadero desarrollo.
En este gobierno crecieron y se fortalecieron los consultorios y las clínicas privadas de salud, principalmente porque los trabajadores informales (incluyendo contrabandistas, cooperativistas, cocaleros) han crecido significativamente y porque el servicio público de salud es pésimo (para una consulta simple debes madrugar días antes y si se programa algún estudio detallado o una cirugía, se debe esperar entre 4 y 6 meses).
La tal salud gratuita para los pobres será tan precaria que una veterinaria estará más equipada que un “centro único de salud”.
En Bolivia habrá tres categorías de salud:
De tercera con centros únicos de salud pésimamente equipados para los pobres bolivianos
De segunda con consultorios privados para los no pobres bolivianos.
De primera categoría: en el extranjero, financiada por el Estado y exclusiva para los oligarcas del gobierno, así sea para un simple resfrío.
En 2018 el gobierno querrá acabar con sectores opositores y “arreglar” algunos temas para lavarse la cara y el 2019 imponer de pleno su dictadura y garantizar, no su reelección, sino su continuismo, así sea por la fuerza.
Nuestra obligación es hacer que sean restituidas las garantías democráticas, que se utilice bien nuestros recursos y que los servicios de salud y de educación sean dignos, equipados, con calidad y calidez para todos los bolivianos y sin privilegios de ningún tipo.
El autor es docente titular de la UMSA y ex rector de la UPEA.
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