Magistrados observados recibieron credenciales

Si el Tribunal Supremo Electoral comprobó que muchos de los candidatos a magistrados para integrar el Poder Judicial estaban observados por cualesquiera razones, tenía la obligación de no permitir que sean incluidos en las listas de candidatos y, por supuesto, si de todos modos los incluyeron y recibieron así sea el voto minoritario, ese tribunal no debió entregarles credenciales legalizando su designación que resulta contraria a las leyes.

Informaciones precisas de la oposición y pronunciamientos de ciudadanos, muestran que la posesión de esas “autoridades” es contraria a los principios legales y que debería ser revocada esa designación, especialmente porque son personas afines al partido de gobierno. La información (EL DIARIO 21/XII/17) señala en una de sus partes: “Las varias denuncias de la oposición contra los ahora magistrados en sentido de que éstos responden a la línea política del MAS, ayer fueron confirmados por la presencia de las organizaciones sociales afines al MAS, quienes presenciaron la entrega de credenciales y ovacionaron a por lo menos siete nuevos tribunos”.

Las acusaciones vertidas en contra de los hoy integrantes del Poder Judicial, debieron ser tomadas en cuenta por el TSE que, a su vez, debería contar con las respectivas pruebas, compulsarlas debidamente y actuar en consecuencia, es lo mínimo que correspondía que hagan los vocales del TSE. Posesionarlos aun a sabiendas de las graves denuncias es, simplemente, fomentar la ilegalidad; por lo menos se debió explicar al país las razones para que sean tomados en cuenta y desmentir, si cabía, las denuncias; pero no se actuó en tal sentido y esa posesión resulta ser una ofensa para el mismo electorado que asistió a las urnas.

Muchas veces se ha sostenido que los Poderes del Estado deberían ser ocupados y desempeñados por personas muy capaces e idóneas que tengan experiencia en cuestiones inherentes al manejo administrativo del Estado, que tengan mucho prestigio sobre su honestidad y responsabilidad; pero nada de esto valió para seleccionar a los candidatos al Poder Judicial que, en todo caso, debería contar con personas cuya honestidad, honradez y sentido de responsabilidad estén debidamente comprobados y, además, ser sometidos a estrictos exámenes de competencia.

Ocupar funciones en la magistratura judicial requiere idoneidad absoluta y una honradez acrisolada ajena a toda sospecha. El TSE no puede ni debe olvidar principios fundamentales para que cualquier designación de funcionarios públicos que dependen de su decisión o voto, cuenten con los atributos debidos; de otro modo, complicarse, así sea indirectamente, resulta contrario a la moral y a las leyes. Será preciso que el TSE dé a conocer sus criterios sobre el caso de quienes, indebidamente, hayan sido posesionados en cargos de tanta responsabilidad y que requieren alta moralidad.