Médicos no levantarán la huelga

Luego de que el Gobierno desestimara una nueva reunión con los médicos, el sector resolvió mantener sus medidas de presión a nivel nacional y ratificó su pedido de suscribir un acuerdo definitivo con el Ejecutivo.

Luego de la respuesta del Gobierno, la colegiatura médica observó que las autoridades no tomaron en cuenta el sexto punto del preacuerdo firmado el pasado 31 de diciembre, dónde se detalla el cese a la persecución a estudiantes, dirigentes y miembros de base del sector.

En el sexto punto se trata también de la suspensión de procesos, descuentos, despidos y clausuras de farmacias, además de una reunión de coordinación para determinar la nueva redacción del artículo 205, así como la revisión del texto del acuerdo final.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, expresó que si ese punto es abrogado, se tomará como parte de una solución sectorial, quedando a la espera de que una coordinadora nacional vea la observación y pertinencia de la abrogación total del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Afirmó que una vez firmado el acuerdo con el Ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero, se levantarán las medidas de presión instaladas a nivel nacional. Por tanto, la dirigencia médica se encuentra a la espera de un encuentro con la autoridad de Gobierno.

“No podemos resolver los problemas por cartas o mensajes, así que los médicos continuaremos en sesión permanente atentos al llamado del Gobierno”, declaró el Dr. Cruz.

En horas de la mañana el presidente del Colegio Médico de Bolivia manifestó: “Con el ánimo de ser proactivos y dar una solución definitiva al conflicto, queremos invitar al ministro Romero a que nos llame al lugar que el determine para concluir el acuerdo final”.

Explicó que la firma del convenio es decisoria para concluir el conflicto médico, lo cual condiciona el levantamiento de todas las medidas de presión instaladas por los profesionales en salud de todo el país.

El Dr. Cruz expresó: “este sacrificio de todos los bolivianos no ha sido en vano, este sacrificio va a tener un futuro, si las condiciones del acuerdo dan la esperanza de contar con una mejor calidad de vida a nuestra población”.

En tanto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Dr. Luis Larrea, puntualizó que entre los puntos a tratar con el ministro Romero se encuentran el tema de los descuentos, despidos, clausuras, que la Cumbre de Salud tenga una participación técnica y no política, de ser convocado por movimientos sociales afines al Gobierno.

Respecto al pedido de las otras organizaciones sociales de abrogar todo el nuevo Código Penal, el Colegio Médico evaluará tal petición. Sin embargo, a criterio del Dr. Larrea, el Gobierno debe darse cuenta de la mala redacción del Código y que si evidencian que tal norma está creando muchos conflictos en diferentes sectores, deben volver a un inicio, trabajar 10 meses en su elaboración y en ocho meses buscar su aplicación.

Luego de conocer la posición de los galenos, el Ministro de Gobierno envió una nueva carta al Colegio Médico de Bolivia, donde se limita a expresar que no son necesarios más reuniones, sino más bien de restituir los servicios médicos de manera inmediata.

La autoridad pidió restablecer el preacuerdo firmado con la dirigencia del sector, el pasado primero de enero, en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, refirió que la carta enviada a la colegiatura presenta una leve modificación.

Se acoge la iniciativa de construir de manera participativa el nuevo código del sistema de salud y la ley general de salud, sobre la base de los principios constitucionales y las propuestas realizadas en gestiones anteriores, respetando la seguridad social a corto plazo.

Otro de los puntos es que el Colegio Médico de Bolivia, conjuntamente con las sociedades científicas y los colegios de profesionales en salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, fijen los aranceles del sistema privado de salud, de conformidad con la Ley 3131 y su decreto reglamentario.

Además, que se conforme una Comisión Técnica para trabajar en la implementación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, como instancia pre-judicial y obligatoria.

Detalló que también se deroguen los Decretos Supremos 3091, 3092 y 3385 y se consensue en una Comisión, con el propósito de establecer una nueva normativa, destinada a definir la instancia de fiscalización y regulación de la seguridad social de corto plazo.

Acerca de la fiscalización del sector público y privado, propugna que sea incorporada en la Ley General de Salud.