División social, riesgo para la seguridad nacional

La doctrina de Seguridad y Defensa de los Estados considera dos factores que pueden afectar esa seguridad. Uno es el factor externo, es decir de fuera, que puede estar originado en otro país, cuyos intereses coyunturales o permanentes puedan afectar la Seguridad Nacional. El otro es el interno, es decir originado en factores internos, cuando la sociedad o el gobierno en ciertas situaciones, ponen en riesgo la seguridad, en especial cuando la sociedad civil y la sociedad poder o gobierno están en conflicto.

En la primera situación de factores externos, en el Siglo XIX y la primera mitad del XX, fuimos víctimas de afectación a nuestra seguridad, específicamente para arrebatarnos territorios, es así que por esa razón perdimos más de la mitad del territorio con el que nacimos como Estado independiente, incluyendo nuestra costa marítima; en procura de preservar esos territorios, acudimos a la guerra como mecanismo de defensa.

La segunda situación de factores internos también afectó nuestra seguridad, pues en más de una ocasión en que nuestra sociedad estuvo enfrentada, un país vecino con intereses antinacionales permanentes propuso dividir nuestro territorio.

Ha sido la ciencia denominada geopolítica la que nos ha proporcionado mayores luces sobre esta doctrina de la seguridad y defensa, y en la actualidad la socio política, como una parte especializada de la Ciencia Política, entendida como el estudio del comportamiento social de una colectividad organizada en Estado, es la que nos da elementos para analizar la segunda situación de riesgo para la Seguridad Nacional.

En la presente coyuntura política en la que vivimos los bolivianos, gobernados hace más de una década por un régimen de características populistas, donde la sociedad nacional ha sido dividida por razones étnicas entre karas y tharas, es decir indígenas y mestizos; entre izquierdistas de corte socialista comunista y los que no lo son; entre orientales y occidentales, entre supuestos ricos y supuestos pobres; entre neoliberales y masistas, etc., nos encontramos con una sociedad profundamente dividida y confrontada, más aún cuando el régimen es de corte caudillista, es decir en la que en una persona se centra todo el poder del Estado.

El caudillismo presidencialista que ha retornado luego de décadas de democracia de amplio espectro, es decir de varias corrientes partidistas y programáticas, nos viene imponiendo un esquema hegemónico de poder, con restricciones a algunos derechos políticos y civiles y el control de todas las instancias de poder, es decir de los órganos de poder que deberían ser independientes unos de otros. De presión sobre los medios de prensa y comunicación social, que lleva a algunos, con el argumento de “autocontrol”, a rechazar, ocultar o distorsionar cualesquier información u opinión que pueda afectar al caudillo y su corte, como ha sucedido recientemente en el conflicto de los trabajadores de la salud con el gobierno, en el que habría sido negado pasar un spot de los médicos.

El cuadro que a analizamos se agrava cuando el gobierno, en la ejecución de sus políticas de gobierno, afecta a sectores sociales, gremios profesionales o ciudadanía, imponiendo leyes y políticas que ocasionan conflicto social y protesta de las organizaciones sociales. Además el presidente, vicepresidente y el coro de asambleístas del oficialismo, en sus permanentes discursos y declaraciones a los medios, arremeten duramente contra los opositores, sean estos opositores de partidos políticos o de la creciente oposición ciudadana, que está disconforme con las políticas públicas y las posturas caudillistas como la de la reelección permanente y desconocimiento de la Constitución Política del Estado y otras normas.

Esta situación de división de la sociedad, con características de confrontación y enfrentamiento, se acentúa precisamente cuando se da el caudillismo, el que produce dos reacciones, una de adhesión al caudillo (generalmente de la gente que se beneficia del prebendalismo) y la otra de rechazo y condena al caudillo. Lo que no sucede en situaciones normales del ejercicio del poder público, en que podemos no simpatizar con un gobernante, pero de ninguna manera rechazarlo absolutamente.

Una sociedad dividida y enfrentada es un grave riesgo para la Seguridad y Defensa de un país, y la obligación de todo gobernante es buscar la unidad del pueblo, por encima de sus posiciones ideológico partidistas.

El autor es abogado y politólogo.