Fiscal Blanco rechaza ser parte de lío doméstico de Calderón

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, rechaza las sindicaciones de carácter personal que figuran en la querella presentada por presunta sustracción de una niña y afirmó que la institución “repudia” las acciones de la fiscal Lilian Calderón comprometida en una disputa familiar que llegó a las agresiones en un juzgado de familia y provocó su alejamiento.

La autoridad departamental explicó que la ley le impide “conciliar” en un conflicto de orden privado y más si se trata de un posible delito de violencia contra la mujer.

“Repudiamos las actuaciones de la doctora Calderón (…) producto de esas acciones ella ha sido imputada (el 22 de noviembre de 2017) y se ha pedido su detención preventiva”, aseguró Blanco en entrevista con EL DIARIO.

Calderón se encuentra imputada por los delitos de agresiones físicas e incumplimiento de deberes, producto de una pelea que provocó el 22 de noviembre de 2017 en juzgados de familia con Shirley Martínez, quien tiene dos hijas con el esposo de Calderón en una relación extramarital.

Fue esa agresión en tribunales y las amenazas telefónicas que Martínez recibió y presentó como pruebas, las que hicieron del problema familiar un hecho público y un caso penal del cual Calderón negó dar versión al ser consultada por nuestro medio.

NO FUE DESTITUIDA

Si bien la fiscal fue alejada de la dirección de varios casos, Blanco aclaró que Calderón no se encuentra suspendida debido a que ella es fiscal de carrera y existe normativa que la protege y de infringir esa norma, la fiscal podría incluso presentar un Amparo Constitucional.

En ese sentido, informó que a fin de evitar susceptibilidades y posibles agresiones contra la víctima, Calderón fue enviada a cumplir funciones en provincia, mientras se resuelva su situación y se logre “la radicatoria de acusación formal” en un Tribunal de Sentencia, por otro caso que Calderón tiene pendiente en su contra, que daría lugar a su destitución de forma legal.

A su vez, Martínez asegura que además de las agresiones, es víctima de constantes amenazas debido a que demandó por la asistencia familiar a Celin Chávez, padre de sus dos hijas y esposo de Calderón.

Asegura que la posible conciliación en el monto de la asistencia que se desarrollaba en una audiencia en juzgados de familia el 22 de noviembre de 2017 fue el motivo de la agresión y por ello decidió presentar la querella penal por la tentativa de sustracción de su hija menor señalando como autores a Chávez, Calderón y la asistente de esta en la Fiscalía, la funcionaria, Helen Mamani.

La sustracción, según el contenido de la querella presentada el 29 de noviembre de 2017, se produjo el 13 de abril del 2016 (un año atrás). Martínez declaró en entrevista con nuestro medio, que fue luego de la agresión de Calderón, que vio la necesidad de presentar la querella bajo el temor de que sus hijas sean las próximas víctimas.

Pero dicha querella fue rechazada, según cree Martínez, no solo porque en la Fiscalía quieren proteger a Calderón, sino también al Fiscal Departamental, pues en la denuncia adjuntó una carta que envió a Blanco, el 14 de abril de 2016 (un día después del supuesto intento de sustracción de su hija), relatando todo el incidente protagonizado al interior del colegio de la niña.

En esa carta, Martínez, también pidió a Blanco, llamar la atención por su mediación y lograr conciliar con Calderón para resguardar de un proceso penal a sus hijas de 8 y 15 años.

RESPUESTA

Al respecto, el fiscal Blanco aseguró que el pedido de Martínez no podía ser atendido, debido a que la Ley 260 del Ministerio Público señala sus atribuciones y las prohibiciones para su cargo.

En esa línea, señalado una serie de artículos, respondió el 15 de abril de 2016, donde aconseja a Martínez busque otras vías para solucionar el problema familiar que tenía, dando como ejemplo la vía disciplinaria o la penal pero que esta sea bien fundamentada.

A más de un año de ese hecho, Blanco señaló como un despropósito el inmiscuirlo en ese problema y que esto sería resultado del mal asesoramiento legal que Martínez recibe, dirigido a dañar su imagen.

Por otro lado, Blanco señaló que no podía referirse al porqué la querella había sido rechazada, debido a que la misma ley le impide pronunciarse sobre temas que se tramitan de forma independiente en otras áreas y con otros responsables.

Sobre la alusión del mal asesoramiento, Boris Espinoza, abogado de Martínez, asevera que tiene una serie de elementos, que serán o ya han sido presentados en la querella, fundamentando la denuncia de su cliente.

Pero al ser rechazada, sin conocer el argumento legal no se puede más que pensar que existe “obstaculización y protección” hacia los fiscales.