Ante la polémica generada por algunos artículos del código de sistema penal, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y las Asambleas de Dios de Bolivia, que agrupa a varias iglesias cristianas, se declararon en estado de emergencia nacional. Ambos sectores calificaron como atentatorios al ejercicio de su labor por la ambigüedad e impresión de sus contenidos.
El comité ejecutivo de la prensa sostiene que los artículos 309, 310 y 311 referidos a la injuria, calumnia y difamación, incluyendo a los medios de comunicación en el texto penal y el artículo 195 son delitos contra la libertad de expresión de prensa relativo a la “revelación de secretos”.
