Llevado de la soberbia y de su triunfalismo, el Gobierno del MAS ha sofocado todos los actos de resistencia social que se le presentaron en los últimos años de su larga administración. Estas muestras de descontento son harto conocidas por la opinión pública. En el reciente conflicto médico, el Gobierno creyó que su vieja táctica le sería favorable, pero parece que ha chocado contra una roca. La postura gubernamental se apoyó en el consejo maquiavélico –repetido por el vicepresidente Álvaro García- de que “el gobernante debe ser amado y temido al mismo tiempo”. En casos similares optó por imponer el temor y en el presente hay serios indicios de que se le acabó la cuerda que infundía temor y desánimo.
Ante la persistencia de los médicos y ramas afines, junto a sus masivas marchas mucho más allá del escenario paceño, el Gobierno apeló a la represión, desplegando cientos de policías con profusión de gases tóxicos y no tuvo inconveniente en atropellar los recintos de la UMSA. La brutal represión cobró la vida de una señora en Puerto Pailas, por causa de la gasificación en el interior de su vivienda, después del bloqueo de la carretera Santa Cruz-Beni.
Como la violencia no le dio el resultado esperado, recurrió a maniobras de contraataque. Creó un paralelo de la Confederación Médica de Bolivia, armazón fofa a la cual nadie otorga crédito. Anunció también otra Cumbre de la Salud sobre la base de sus movimientos acólitos para proclamar un sistema de salud universal y de cobertura total. No es el primer ensayo al respecto, pero sin ningún aporte real. Se trata de extender los actuales sistemas sanitarios, deficitarios y mal equipados, al resto de la población. Todas las “cumbres” realizadas no fueron nada más que un show propagandístico.
Por su parte, el presidente Evo Morales actuando precipitadamente afirmó “he decidido” solicitar la derogación de los artículos 137 y 205 y la revisión del 204 y 293 del mismo Código Penal, el primero observado por los médicos y el segundo por los transportistas. El Órgano Legislativo actuará en consecuencia. Entonces podía apagar el incendio pidiendo la abrogación de la Ley 1005 o esperar algunas horas más para el mismo objeto y contribuir efectivamente a que no se agrave una crisis planteada con visos terminales.
Las indicadas medidas de “contraataque” insumieron un tiempo precioso que dio lugar a la toma de conciencia general de la abrogación y no sólo de derogación, surgiendo la aglutinación de sectores como las ramas médicas en su integridad, el transporte departamental e internacional, la Federación Nacional de Juntas Vecinales, las universidades y otros, organismos que se aprestan a la ejecución de medidas más radicales en perjuicio de la paz pública, y cuya verdadera lectura debe ser una advertencia a las intenciones reeleccionistas del presidente Morales.
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