Funcionarios del Banco Unión desvirtúan riegos procesales

Los dos funcionarios del Banco Unión, Edwin O. y Roger M., responsables del control de las cuentas de tarjetas de crédito, imputados dentro del caso de desfalco de 37,6 millones de dólares, lograron desvirtuar riesgos procesales argumentados por el Ministerio Público, lo que les permitiría salir de la cárcel y acceder a la detención domiciliaria, informó su abogado César Rojas.

Roger Medina, jefe nacional de tarjetas de crédito y Edwin Orozco, analista operativo del Banco Unión, fueron aprehendidos y cautelados el 26 de octubre pasado y la juez primero anticorrupción, Cinthya Delgadillo, determinó la detención preventiva de ambos en el penal de Palmasola en Santa Cruz donde residen.

Ambos imputados apelaron la decisión de la juez y la audiencia se realizó el miércoles, donde Margot Pérez, presidente (interina) de la sala penal tercera, rechazó el pedido de una detención domiciliaria, pero dio lugar a que la defensa de ambos desvirtuara riesgos procesales como el de falta de domicilio y fuga.

“En la audiencia de apelación, a criterio de la defensa, fue una resolución bien fundamentada, se han desvirtuado los riesgos procesales de los numerales 1 y 2 del artículo 234 (del Código de Procedimiento Penal) y numeral 4 del artículo 235, es decir, subsisten tres riesgos procesales en ese sentido aún se considera a los señores, como un peligro efectivo contra la víctima (Banco Unión)”, detalló Rojas.

El abogado señaló que en el caso de Orosco logró acreditar un domicilio y a sí mismo desvirtuar el riesgo de fuga.Pese a que no se dio una modificación a la detención de Medina y Orosco, el abogado se mostró optimista y adelantó que su próxima acción será plantear un recurso de cesación a la detención preventiva en la que espera logra al menos la detención domiciliaria.

Los funcionarios fueron imputados por los delitos de apropiación indebida de fondos financieros y asociación delictuosa. Rojas afirma que sus clientes son un chivo expiatorio para el caso donde el propio Juan Pari ha declarado que los funcionarios no tenían responsabilidad, según las declaraciones que realizó en un medio escrito.

“A los que están deteniendo en el Banco Unión (Medina y Orozco) tampoco hicieron nada. Yo ni los conozco”, señaló Pari que a los 27 años llegó a ese cargo con solo un título de bachiller, como lo reconoció el gerente general del Banco Unión, Rolando Marín.

Rojas fundamenta que sus clientes no tenían a su cargo el control del efectivo real que Pari reportó a la gerencia departamental, sino, que el trabajo de sus clientes se basaba en el cruzamiento de reportes enviados por el sistema de los 415 cajeros automáticos que tiene el Banco y el reporte de las agencias departamentales.