El señor García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional, teórico y promotor de las políticas del régimen populista de la revolución democrático cultural, en declaraciones de fin del pasado año afirmó que ha nacido para la pelea y que con el presidente Evo son hombres de guerra y que: “cuando no hay guerra nos intranquilizamos; cuando no hay conflicto estamos un poco incomodos (…)”.
La verdad es que desde que asumió el poder político del Estado, el actual esquema de gobierno ha desarrollado una política de confrontación, división de la sociedad y conflicto, política que ha ocasionado cerca de un centenar de muertes, pues los conflictos suelen acabar cruentos.
La política de odio fomentada desde las altas esferas de gobierno, ya sea por razones étnicas, ideológicas o de cualquier motivo, es típica de los regímenes dictatoriales, como lo fueron los del stalinismo comunista y del fascismo nazista, que dejaron millones de víctimas en el pasado siglo, y que algunos de sus herederos de este tiempo, han adoptado esa política para gobernar por sobre la voluntad popular.
Nuestra historia patria está saturada de gobiernos despóticos, que con el uso de la fuerza y la represión han permanecido en el poder, aunque siempre acabaron en mala forma, y en muchos casos con la muerte del dictador, pero el resultado ha sido la pobreza, atraso y subdesarrollo de nuestro pueblo, pese a que contamos con importantes recursos naturales renovables y no renovables.
Uno de los peores rasgos del ser humano es la violencia atávica, es decir la heredada de los hombres primitivos, pues éstos para poder subsistir eran combatientes natos, hasta que se organizó la sociedad Estado y ésta asumió el rol de regir las relaciones entre los hombres, pero parece que algunos individuos que ejercen el poder político, adoptan esas conductas primitivas de permanente confrontación, creando enemigos para combatirlos, atribuyéndoles los males originados en las deficiencias de gobierno.
La democracia como sistema de gobierno está basada en la convivencia de mayorías y minorías, las que hacen en conjunto el gobierno, que es solo el administrador del Estado, el gerente y no el Estado mismo, como lo creen los autócratas, que desconocen que el Estado es fundamentalmente el pueblo en su conjunto, asentado en un territorio y gobernada por una autoridad elegida, sujeta a las leyes, es el estado de derecho.
En el estado de derecho, gobernantes y gobernados están sujetos al cumplimiento estricto de la ley, es ésta la que regula las relaciones entre los individuos y entre éstos y el gobierno, es decir entre la sociedad civil y los administradores del poder del Estado.
Cuando se gobierna por encima de la ley, determinando políticas al calor de la voluntariedad del caudillo y no buscando consensos, se rompe el estado de derecho y se ingresa en el estado de hecho y no de derecho, de factum y no de jure, deslegitimando al gobierno, situación en la que de acuerdo con la tradición histórica, desde los tiempos de la Edad Media, elaborada por los padres de la Iglesia de Cristo, el pueblo tiene el derecho de resistir al tirano.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) el pasado martes se ha pronunciado sobre la actual situación política del Estado, sacudida por las medidas tomadas por las organizaciones profesionales de los médicos y trabajadores de la salud, debido a la promulgación de la Ley del Sistema Penal que, en casi todos sus artículos, vulnera derechos civiles, políticos y humanos de los ciudadanos, de tal suerte que su espíritu ,es decir el espíritu de la ley, no es otro que ser: “un instrumento de poder autoritario”.
En el pronunciamiento de los obispos bolivianos se insta a los gobernantes a que su gobierno sea un “instrumento de paz”, y nosotros decimos, ¡no un instrumento de guerra contra el prójimo!, contra los otros bolivianos, por pensar distinto, lo que va en contra de uno de los principios enseñados por Cristo: “el amor al prójimo”.
El autor es abogado y politólogo.
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