Nueve bajas en el ayuno voluntario de opositores

Nueve de los 17 parlamentarios de la oposición que estaban en huelga de hambre en contra del Código del Sistema Penal fueron dados de baja hasta la fecha, por su delicado estado de salud. Ayer, cuatro diputados más tuvieron que abandonar el piquete.

En la mañana, los diputados Yeimi Peña y Grover Huanca fueron evacuados del piquete de la huelga de hambre que asumieron desde hace ocho días, en instalaciones de la Asamblea Legislativa. Ellos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios.

Horas más tarde, Amílcar Barral y Lorena Gareca dejaron la medida extrema por recomendaciones de los médicos de la Cruz Roja, filial La Paz.

En la medida continúan Agustín Condori, Rodrigo Valdivia, Tomás Monasterios, Cira Castro, Rufina Cladera, Irma Ledezma y Dulce María Araujo.

La senadora Carmen Eva Gonzales que inició la protesta está aún decidida a permanecer en la lucha, manifestó que le quedan fuerzas para seguir sobrellevando la medida.

El diputado suplente Rafael Quispe y Antonia Concha, representantes de Potosí, se sumaron a la protesta, asegurando que permanecerán hasta las últimas consecuencias en la demanda que les llevó al ayuno.

La diputada María Calcina fue obligada a dejar el piquete debido a que tiene un solo riñón y que,de estar más días aplicando la medida, podría agravarse su salud y posteriormente le dejaría secuelas de consideración.

AUTOCRÍTICA

Antes que el diputado Barral dejara el piquete, lamentó que el resto de los legisladores de oposición no asuman esta medida de protesta, exhortó a sus colegas adherirse a la huelga de hambre, porque la lucha es para el beneficio de todos y no de unos cuantos.

“Es una pena que algunos asambleístas estén negociando sus cargos para la próxima legislación, sólo vienen a sacarse fotos con nosotros y los publican como si estuviesen participando, se los dije de frente esta crítica, pese a que muchos de ellos se enojaron”, manifestó.

Los asambleístas manifestaron que continuarán en esta medida hasta que el Gobierno anule el nuevo Código Penal que pretende imponer, y convoque a trabajar en una nueva ley, para que sea trabajado en consenso con los sectores afectados y con el Colegio Nacional de Abogados.