• Sectores sociales cumplieron paro de actividades en demanda de respeto al voto popular del referendo del 21 de febrero de 2016 y la abrogación total del nuevo Código Penal
Diversos sectores sociales de Cochabamba cumplieron ayer de manera contundente el anunciado paro de actividades en demanda del respeto al voto popular expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016 y la abrogación total del nuevo Código de Sistema Penal.
Desde las primeras horas de la mañana, transportistas, vecinos y otros sectores salieron a bloquear las principales calles y avenidas. Además esta medida de presión es apoyada por la alcaldía municipal de Cochabamba.
El alcalde José María Leyes, que en pasadas horas dijo ante los medios de comunicación que con orgullo el gobierno municipal apoya la protesta, calificó de contundente el paro.
“La Llajta vive una jornada de paro contundente. Las familias cochabambinas están unidas (…) diciéndole NO al Código Penal y exigiendo respeto al 21F”, expresó Leyes, mediante su cuenta oficial de Twitter.
El senador Arturo Murillo, a través de la misma plataforma, agregó que hay más de 1.000 puntos de bloqueo, aunque algunos medios locales de Cochabamba reportaron inicialmente que existen cerca de 30 puntos de conflicto.
“Este es un paro del pueblo molesto y cansado por el manoseo y abuso de Evo Morales. Escuchen, están a tiempo. Respeto al 21F y abrogación del Código Penal exige el pueblo”, remarcó Murillo.
Entre tanto, la terminal de buses informó que la salida de buses fue suspendida por los bloqueos.
En las últimas semanas se intensificaron las protestas sociales en el país.
MOVILIZACIONES
La medida de presión fue convocada por el comité cívico al que se plegó el transporte sindicalizado y el servicio de radiotaxis que suspendieron actividades, al menos en las primeras horas de la mañana.
Adicionalmente, los vecinos se movilizaron de manera masiva y muchas familias salieron a las calles portando pancartas en rechazo al Código Penal.
En los hospitales públicos la atención médica se redujo a los servicios de emergencia, además que por la carencia del transporte, no existe afluencia de pacientes.
El responsable del centro hospitalario, Fernando Romano, dijo que los médicos cumplen su actividad normal pero el personal administrativo no asistió a su fuente laboral.
Según el reporte, tanto el centro, el norte, sur de la ciudad presentan bloqueo de vías protagonizado por los transportistas.
PUNTOS DE BLOQUEO
En un recorrido realizado por Fides en la Capital del Valle se contabilizaron 52 puntos de bloqueo, en algunos son protagonistas los transportistas, en otros las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y en otros sitios sectores de profesionales o de comerciantes.
Las salidas a las provincias están bloqueadas al igual que a los municipio colindantes como Sacaba.
La Gobernación anunció que no se acataría el paro, pero sus oficinas en las primeras horas solo tenían la presencia de los funcionarios.
La Policía se encuentra desplegada en los puentes distribuidores de tráfico y en las salidas a los municipios de Quillacollo y Sacaba, pero aún no actuaron.
CONTUNDENCIA
El alcalde de Cochabamba, el opositor José María Leyes, destacó la contundencia del paro ciudadano, que según dijo también reclama que el presidente Morales respete los resultados del referendo constitucional de 2016 que le negó la posibilidad de volver a postularse en las elecciones de 2019.
Una consulta el 21 de febrero de 2016 rechazó la posibilidad de que Evo Morales opte al que sería su cuarto mandato consecutivo, ya que la Constitución que él mismo promulgó establece un máximo de dos seguidos, pero un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia a finales de 2017 le habilitó para presentarse de forma indefinida.
“Las familias cochabambinas unidas en esta jornada de paro ciudadano diciéndole NO al código penal y exigiendo respeto al #21F #CochabambaPara”, escribió Leyes en Twitter.
INJUSTIFICADO
El ministro de Justicia, Héctor Arce, por su parte, sostuvo que las movilizaciones no tienen justificación tras el anuncio de Morales de que se abrirá un período de un año para debatir el texto.
“Ninguna medida de presión se justifica, a no ser que esta se base en fines oscuros, mezquinos, sectarios y políticos”, dijo Arce.
Criticó a la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo que sustenta al Ejecutivo, porque “no ha habido suficiente socialización” de la ley antes de su aprobación, aunque defendió que “como nunca antes hay una gran voluntad” del Gobierno para mejorar esta norma. (agencias)
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