Alteños esperarán cinco días
Luego de la evaluación del paro de 24 horas, realizado en la ciudad de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), de esta urbe, decidió dar un plazo de 5 días al Gobierno nacional para que abrogue el Código Penal en su totalidad, sin descartar medidas de presión escalonadas en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el principal dirigente de la Fejuve de esta ciudad Raúl Canaza, este calificó como exitoso el paro cívico de 24 horas realizado el pasado lunes, donde luego del mismo un ampliado de presidentes de zonas y representantes de varias instituciones de la urbe alteña decidieron ingresar en estado de emergencia y otorgar al mismo tiempo este plazo de 5 días al Gobierno central para que abrogue el Código Penal.
"En esta evaluación estuvimos los representantes de los 14 distritos de nuestra ciudad, donde hemos acordado tomar estas decisiones que darán lugar, estamos seguros, a la abrogación de esta ley que no solo nos afecta a unos cuantos, sino a todo el sistema del trabajador del país, además no permitiremos que el Gobierno tenga que privar a todo un país de hacer conocer su voz de protesta, porque esta ley da lugar a una persecución de dirigentes y eso es lo que no vamos a permitir", manifestó el ejecutivo de la Fejuve, Raúl Canaza.
PROTESTAS ESCALONADAS
Las nuevas determinaciones a la que se llegó en el ampliado de emergencia de las organizaciones sociales dio lugar a que se anuncie un paro escalonado, en caso de no ser escuchados en estos cinco días de plazo, determinaron iniciar las medidas escalonadas desde el paro de 48, 72 y un paro indefinido hasta llegar a las huelgas de hambre.
Según el representante de la Fejuve de esta ciudad, con el objetivo de coordinar acciones con las diferentes organizaciones del país como aquellos departamentos que ya han efectuado sus paros cívicos, se tienen una continua comunicación con la finalidad de que en casos extremos, de tomar decisiones como un paro nacional.
“Esperemos que esta actitud del Gobierno de darle mucha importancia a nuestras medidas de presión y minimizando nuestras movilizaciones, no se le vaya la mano y terminemos convulsionando el país con este pedido de abrogación, de ser así ya no será solamente la abrogación de esta ley sino pediremos la renuncia de este mandatario boliviano dictador que tanto daño está causando a todos los bolivianos", indicó Canaza.
PLAZO
El plazo, que se dio al Gobierno, termina el domingo 21 de enero, por lo que a partir del lunes 22 se estarían retomando las movilizaciones en la ciudad de El Alto, con el anuncio respectivo de un paro movilizado de 48 horas y seguido de las medidas escalonadas de 72 horas y el paro cívico indefinido hasta llegar a la huelga de hambre por parte de los ejecutivos de las organizaciones.
APOYO
Según el ejecutivo de la Fejuve, se cuenta con el apoyo de varias de las organizaciones vivas de trabajadores como la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Maestros de esta urbe, el sector de los gremiales, fabriles, salud, Upea, todos aglutinados en torno a la máxima organización de los trabajadores del país, la Central Obrera Boliviana (COB).
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