Atender la masiva demanda popular

Las universidades, los maestros, los profesionales, la COB, el transporte pesado, los periodistas, las iglesias Católica y Evangélicas, los gremiales y, lo que es más importante, la espontanea adhesión de la ciudadanía común y las familias, son protagonistas de marchas y paros. Ahora la protesta se ha trasladado a los departamentos del país. Santa Cruz se paralizó con la totalidad de sus provincias el día 12 en curso; la población de Cochabamba en su integridad -incluido Quillacollo- replicó idéntica acción. Trinidad, Beni, se sumó sin distinciones el día 17, pese a la represión; Tarija el 19 y Pando lo hizo recientemente. En Oruro y Chuquisaca no se han interrumpido continuas marchas con el mismo propósito cívico.

Estos pronunciamientos insoslayables concentran sus demandas en estos puntos: Abrogación del Código del Sistema Penal (CSP); cumplimiento irrenunciable del Referendo del 21 F, que rechazó la modificación del 168 de la Constitución, es decir, la no reelección de Presidente y Vicepresidente y, por último, que no se dé curso al fallo del Tribunal Constitucional que establece la reelección indefinida.

Ante la contundencia del paro médico, la actitud terca y soberbia que el Gobierno demostró en anteriores demandas sociales y cívicas empezó a resquebrajarse y el Legislativo acató la “decisión” del presidente Morales de derogar los artículos 137 y 205 del CSP. Como las demandas están en pie, actuando por encima del Órgano Legislativo, el Jefe del Estado anunció que otorga 1 año para la socialización de esa Ley. Es una medida distractiva harto conocida.

Esta actitud desoye el clamor general frente a las decenas de artículos de la legislación cuestionada, que amenazan con sanciones severas en determinados casos y en otros incurren en rebajas de penas en relación con el llamado Código Penal Banzer o a la Ley Quiroga Santa Cruz. Por ejemplo, se criminaliza severamente la sedición o “atribuirse los derechos del pueblo”, coartando en realidad el derecho a la protesta, no obstante estar garantizada por la Constitución y lo hacen con penas mayores a las del Código aún vigente. Añaden el castigo por “odio o venganza” contra alguna autoridad, novedad subjetiva y peligrosa. Otra parte no menos alarmante es la sanción con 4 a 8 años de presidio a los ciudadanos que no paguen impuestos o paguen menos, más el 100% de multa y otros. Son, pues, muchos los artículos cuestionados.

Corresponde a un gobierno responsable de sus deberes de buena administración, la organización ahora de 3 comisiones para cada una de las partes del CSP (Código Penal, Procedimiento y Política Criminal), las que deben ser integradas por juristas expertos en cada una de dichas partes, universidades, Colegios de Abogados, miembros del Legislativo y una racional representación de la COB. El objetivo debe ser revisar a fondo toda la disposición -que no es lo mismo que abrogarla- compatibilizarla debidamente para eliminar las contradicciones y, en fin, lograr un Código verdaderamente justiciero y equitativo.