El nuevo Código Penal, ¿aprobado por consigna?

Los dos tercios del Legislativo aprobaron el texto del nuevo Código Penal que luego habría sido promulgado; un texto que ha provocado protestas airadas de instituciones de todo tipo del país, resaltándose las reacciones del pueblo que, impelidos por el conflicto del gobierno con los médicos, ha tenido conocimiento de las falencias graves que contiene este conjunto de disposiciones que, prácticamente, en muchos aspectos vulnera los derechos humanos.

Lo cierto es que si no era el conflicto médico que reclamó por la arbitrariedad del artículo 205, ni las mismas instituciones del Derecho se hubiesen dado cuenta de la gravedad del Código en la mayoría de sus capítulos e incisos. Los médicos, sin proponérselo, han “cerrado las heridas” de la ignorancia que se tenía sobre la disposición que coarta libertades y derechos del pueblo.

El texto de muchísimas partes del Código muestra que no ha sido siquiera leído y menos analizado y examinado en todos sus aspectos y que fue aprobado por el Legislativo “a tontas y ciegas”, lo que implica que habría actuado la consigna: “Aprobar como sea y en el menor tiempo”. La bancada mayoritaria de diputados obedeció la orden porque, de haberse leído y analizado siquiera someramente todo el texto, con seguridad que hubiese sido observado y, tal vez, corregido; pero, es un texto que, por el lado que se lea, fue escrito al estilo castrista o, peor, comunista que regía en la antigua Unión Soviética, un texto sin contemplación ni consideración alguna por los derechos de las personas, de las entidades e instituciones públicas o privadas del país, un texto que, en la mayoría de sus instancias, es atentatorio contra toda norma de Derecho e inclusive está mal redactado y, en muchos de sus párrafos, es totalmente incomprensible y hasta contradictorio.

Redactar y estudiar cualquier ley, decreto, resolución o disposición gubernamental, y muchísimo más un conjunto de disposiciones legales como debe ser el contenido de un Código, debería merecer un trabajo muy serio realizado por profesionales muy capaces y entendidos, comparado con anteriores códigos habidos en el país y hasta compulsado con textos similares de otras naciones. Los textos deberían haber merecido revisión prolija y seria, ajustada a normas del Derecho y consubstanciado con lo que establecen las reglas sobre manejo del idioma castellano o español.

Conocer -así sea en mínima parte- el texto por parte de entidades, instituciones, analistas y pueblo, ha sido causa y efecto para las reacciones y protestas; ha sido, además, un medio para que el gobierno se dé cuenta y tome conciencia de que fue influido para aprobar un texto que posiblemente cabría en Cuba o Venezuela que sufren consecuencias de todo lo malo que es el socialismo comunista.

El nuevo Código Penal es contrario a los derechos humanos, a la Constitución Política del Estado, a la institucionalidad, a la libertad de expresión y al ejercicio de la Democracia y vigencia de la Justicia; consecuentemente, correspondería que sea abrogado y, en su caso, conformar una Comisión de alto nivel integrada por representantes de los Colegios de Abogados, de ex–Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de las Universidades y de organizaciones que tengan que ver con la cultura, con actividad productiva y de organizaciones sociales del país; todos ellos, en forma mancomunada, tendrían a su cargo el estudio y redacción de un nuevo Código que, además, sea compatibilizado con los anteriores y con textos similares de otros países. Sólo así, podrá pasar al Legislativo para su respectiva lectura, estudio, consideración prolija y aprobación.