Boyan hostiga a jueces funcionarios y abogados

Susana Boyan, la fiscal asignada al juicio del caso bebé Alexander, hostiga y profiere amenazas contra jueces, funcionarios judiciales y abogados de la defensa, denunció la abogada de una de las médicos procesadas en ese caso, Suleika Lanza, quien además relató que en la gestión pasada fue víctima de agresiones verbales fuera de los estrados judiciales.

"La señora Boyan, que es una persona que hace una persecución por mandato, porque no es una fiscal que tiene pruebas ni conoce cómo se hace un requerimiento fiscal, está dedicada no solo a agredir a los funcionarios sino que busca retrotraer y llegar a una nulidad del proceso”, aseveró Lanza, al ser consultada sobre las denuncias que se vierten en contra de la representante del Ministerio Público.

Entre los documentos que figuran como prueba de la presión que infiere la fiscal Boyan, al margen de los incidentes con los jueces, EL DIARIO, logró acceder a la orden de aprehensión que se emitió en contra de Ely Canaviri, secretaria del Tribunal 5º de Sentencia, expedida el 24 de julio de 2017.

Según el detalle, como antecedente a esa orden de aprehensión se tiene que en el mes mayo de 2017, Boyan había denunciado por supuesta retardación de justicia a Patricia Pacajes, presidente del Tribunal 10º de Sentencia donde se tramita el juicio oral del caso bebé Alexander.

A raíz de esa denuncia, Transparencia del Consejo de la Magistratura, pide un informe a Pacajes y la respuesta, la juez no solo desmiente a la fiscal, sino que hace un detalle sobre las verdaderas razones de la suspensión del juicio, por una serie de incidentes legales protagonizados por Boyan desde la gestión 2015, como la recusación que interpuso contra el Tribunal por supuesta enemistad en su contra, misma que fue rechazada por tratarse de una denuncia infundada.

En mayo, la fiscal Boyan protagonizó una agria discusión en audiencia del juicio, misma que por la agresividad de los términos, provocó una crisis nerviosa a la juez Pacajes que debió ser internada, señala una funcionaria, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Se especula que ante la falta cometida, Boyan se adelanta y denuncia a Pacajes con el fin de encubrir su comportamiento y evitar una sanción ante los excesos que cometió. Parte de esos hechos, son informados por Pacajes a la Magistratura.

Lanza, abogada de la médico Sandra Madeni, detalla que luego del incidente de mayo, en junio se produce un nuevo altercado esta vez contra la secretaria del Tribunal 5º, quien ante las renuncias de dos secretarios del Tribunal 10º cumplía suplencia, pero al estar cumpliendo su trabajo en el tribunal de origen, no puede asistir a las audiencias del caso Alexander y Boyan exige a la juez Pacajes expedir mandamiento de aprehensión, en dos ocasiones.

Según el detalle proporcionado por fuente oficial, la orden generó otro conflicto al interior del Tribunal Departamental de Justicia, además de más susceptibilidades con el Consejo de la Magistratura.

“Ella (Boyan) ha tenido varios altercados con la con la juez (Pacajes), porque no respeta el procedimiento (…) es evidente que no solo atropella a los acusados, sino también a los abogados”, afirma Lanza.

En esa línea, Lanza detalla que en el mes de noviembre, una semana antes de que inicie la vacación judicial, Boyan arremete en su contra.

"Efectivamente he tenido un altercado con la señora Boyan, que ha llevado a un montón de amenazas, ella ha indicado que me va hacer detener, es una amenaza que ella está acostumbrada a lanzar y en honor a la verdad, yo le dije que no le tengo miedo”, asevera Lanza.

El juicio por el caso bebé Alexander, se procesa en juicio oral a dos médicos y una enfermera imputada por una supuesta violación en contra del menor de ocho meses el 13 de noviembre de 2013. A lo largo del proceso, la defensa de los tres acusados, ha reiterado que en ese caso no existió violación y todo se basó en el diagnóstico erróneo emitido por la forense Ángela Yarmila Mora.

La Fiscalía ha negado dar respuestas a las contantes consultas hechas por EL DIARIO sobre el caso donde abogados afirman que no existe prueba material sobre dicho hecho y es la razón por la cual se pretende anular el juicio a fin de evitar sanciones.