Inseguridad alteña por alojamientos ilegales

Muchos de los problemas por los que sufre la población de la ciudad de El Alto son debidos a la existencia de alojamientos que alquilan cuartos y otras dependencias a todo tipo de personas que están muchas veces ilegalmente en el país, que no cuentan con la documentación necesaria y se ignora el tipo de actividades que realizan; esas personas se han convertido en “cabezas importantes de muchas acciones promovidas y ejecutadas en contra de la comunidad y restan seguridad y tranquilidad a la población”.

En los últimos años, las autoridades municipales de El Alto han pedido que la Policía refuerce las medidas de seguridad proporcionando más efectivos y abriendo comisarías y otros sitios de vigilancia; igualmente, que se haga los controles precisos sobre esas personas que no poseen autorización legal para permanecer en el país. Las reparticiones municipales cumplen precariamente sus funciones de prevención y requieren, con mucha urgencia, un saneamiento de hospedajes que funcionan ilegalmente y alojan a elementos que tienen antecedentes criminales muy graves; sin embargo, no reciben las atenciones debidas por la policía y las autoridades municipales no cuentan con la fuerza precisa para combatir la ilegalidad.

En los últimos años han proliferado, en diversos distritos de la ciudad de El Alto, como Villa Adela, ex–Tranca Río Seco, Villa Dolores, Senkata, Terminal de Buses y otras que tienen locales con instalaciones no aptas y, lo más grave, resultan cantinas y sitios de diversión a donde acuden delincuentes que no sólo encuentran alojamiento sino todo tipo de diversiones sin control alguno; por supuesto, la ausencia de policías es notoria.

La población de El Alto que crece imparablemente por la migración de campesinos del agro, al margen de los trabajos que realizan tanto la Gobernación como la Alcaldía, debería merecer atención prioritaria para conseguir seguridad y un desarrollo armónico y sostenido; descuidarla es fomentar la proliferación de negocios clandestinos que solamente crean más intranquilidad, aumento de crímenes, contrabando y ser asiento de sitios de elaboración de cocaína. La Policía, en conjunción con las Fuerzas Armadas, debería esmerarse para combatir la instalación de bares, cantinas y casas de lenocinio que tanto daño causan especialmente a la juventud alteña. El gobierno debería fijar presupuestos para combatir delitos y asentamientos ilegales; controlar la correcta construcción de infraestructura que haya planificada por algún ministerio y apoyar, decidida y decisivamente a las autoridades municipales en la realización de obras. Dejar a esta ciudad indemne sería grave irresponsabilidad que, en las consecuencias que dejan ilegales delincuentes, derivan a la misma ciudad de La Paz, donde, con seguridad, planifica sus delitos la organización ilegal.