Augusto Vera Riveros
Parece mentira, pero las circunstancias difíciles para algunas altas autoridades del gobierno, los pone duros de mollera, al extremo de que pierden toda capacidad de lectura de una realidad que flota en el aire y que por mucho esfuerzo que se haga en minimizar, nadie con una pizca de buen juicio puede sustraerse de que la cadena de protestas sociales, de varios gremios, sectores y segmentos del pueblo contra -en opinión de todos esos colectivos ciudadanos- el malhadado Código del Sistema Penal y la repostulación del Presidente, es realidad incontestable.
Vanos fueron los esfuerzos de los operadores del régimen para desinflar un conflicto que comenzó con un sector (el de los médicos) del que ni el más optimista ni el mayor pesimista del oficialismo pudieron esperar mucho. Y es que ninguno de los bandos estaba despojado de lógicos razonamientos, habida cuenta de que la naturaleza misma del oficio médico no permitía pensar que semanas más tarde de su insurrección, dejaran la posta a sectores tradicionalmente más combativos, no sin antes lograr todas sus demandas. Es decir, la COB, las universidades y aun los comités cívicos, sin contar gremiales, choferes, etc., vienen de una tradición de lucha por reivindicaciones de los que el sector salud antes nunca participó, cuando menos no con la vocación y perseverancia con que hasta hace pocos días lo hicieron.
En principio y con cierta timidez, los personeros del gobierno no hicieron más esfuerzos que defender el nuevo instrumento legal con argumentos livianos; de manera más bien conciliadora el Presidente del Senado y desafiante su par en Diputados, según la temperatura social oscilaba. Cuando el estado de cosas se les fue de las manos a las autoridades del Ejecutivo, no obstante la desesperación de los presidentes de ambas cámaras legislativas, autoridades del Órgano que administra como del que legisla, se habían dado cuenta de que todo esa insubordinación era política y no otra cosa, lo que en criterio de ellos deslegitimaría toda validez al, para entonces, vendaval ciudadano dispuesto a lograr no ya la derogación de uno que otro precepto del vilipendiado Código, sino su eliminación total del espectro jurídico del país.
¡Por Dios! Claro que todo eso tiene un componente altamente político y nadie puede desgarrarse las vestiduras por eso. De hecho, toda inconformidad social tiene un tinte político, porque la esencia del ser humano es política y las aspiraciones del colectivo ciudadano, más cuando están reclamando respeto a un referéndum, ciertamente están expresando su desaprobación a un sistema de gobierno que ya no satisface sus expectativas. Eso sencillamente es política y, por cierto, legítima actitud de quien o quienes se sienten agraviados por medidas contrarias a sus intereses y a los de la nación, según la óptica con que se mire los acontecimientos y en tanto no afecten derechos de terceros. Y es precisamente que sea político el descontento que reina en el país, salvo disidencias, como es lógico, lo que debería preocupar, en lugar de un fingido quemeimportismo, al gobierno, porque es el termómetro de la aprobación que en la actualidad tiene.
A la prehistoria, pues, pertenece que los primitivos supieran que es posible que al calentar el agua, el líquido podía alcanzar una temperatura media sin llegar al exceso de hervirla ni al extremo de tenerla helada, pero resulta que un poquito después, en el Siglo XXI, nuestros mandatarios recientemente tuvieron la perspicacia de darse cuenta de que la insurrección que azota al país había sido política y, en consecuencia, descalificable.
El autor es jurista y escritor.
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