Limitaciones en la información

De forma frecuente se producen limitaciones en la información pública, pues en unos casos no se cita a todos para asistir a conferencias de prensa en los ministerios u organismos descentralizados, en otros se niega la información que se solicita, cuando se requiere tener la contraparte oficial sobre noticias que las involucran o hechos que, en la práctica del periodismo responsable, deben tener parte y contraparte, de manera de informar y opinar con pulcritud sobre las distintas facetas contrapuestas que puede tener un suceso o algún asunto de interés general.

Casos patéticos, en este comportamiento, son los de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Nunca proporcionan la información que se les demanda, en situaciones en las que tales organismos tienen que ver con lo ocurrido, pero al mismo tiempo en ocasiones cuando se trata de asuntos de interés público, sobre los que hay la obligación de informar, pues para cumplir esta función están los medios de comunicación en general.

En YPFB, por ejemplo, se niega o sencillamente se guarda silencio sobre la producción de hidrocarburos, menos se responde cuando se pregunta la razón por la que han sido suspendidas las exploraciones, en circunstancias precisamente en que la producción está declinando, con riesgo de que en algún momento la población no pueda acceder a los hidrocarburos para atender sus necesidades domésticas.

Otro tanto sucede con las exportaciones de hidrocarburos, se ignora si están garantizadas las que se efectúan a Brasil y Argentina. Tampoco se explica si se hizo o no alguna oferta a Chile, país que al presente tiene que importarlos del Medio Oriente, con precios más altos, cuando más le conviene proveerse de Bolivia, porque inclusive puede utilizar en toda su capacidad el oleoducto que se tiene entre los dos países.

Con estos silencios o negativas se demuestra que en Bolivia no está garantizada la libertad de información y opinión, al contrario de lo que sostiene el oficialismo dentro y fuera del país. Pues, cuando se producen casos de interés público, inclusive cuando no son oficiales, y se requiere que las versiones estén completas, se necesita tener informes y opiniones oficiales sobre los temas de interés público.

En el caso concreto de YPFB, no se explica la razón por la que se ha construido un imponente edificio sobre el paseo de El Prado, cuando en el que actualmente ocupa, que es de más de 10 pisos, le sobran los espacios inclusive para albergar a todo el personal que tiene, aunque extraoficialmente se ha difundido la versión de que cuenta con 9.000 empleados, pese a que la entidad ya no es productora, sino que tiene empresas contratadas para la producción y exportación de gas natural.

En el pasado, algo lejano, YPFB ocupaba sólo dos pisos del que era Ministerio de Economía, situado en la Av. Camacho esquina calle Bueno.

En la Asamblea Nacional existen diferencias, el presidente del Senado, Alberto Gonzales, es accesible y responde abiertamente a las consultas que se le hace sobre el funcionamiento del Parlamento y, en particular, de la Cámara Alta. En cambio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, tiene sus recelos con el periodismo escrito, en especial, aunque ante las cámaras de televisión cambia de comportamiento, como si fuera afecta a lucirse en las pantallas.

En la administración pública, en general, se guarda mucho silencio o se tiene preferencias, aparte de que los directores y personal de rangos inferiores pareciera que están prohibidos de hablar con los medios, como que se quisiera guardar secretos o sólo los ministros y uno que otro director tuvieran derecho a conocer lo que acontece en el país, para bien o para mal.

En el pasado, el periodismo tenía a sus reporteros en cada uno de los ministerios, lo que ahora es imposible, porque los directores, que son en buena cuenta la parte operativa de ellos, están prohibidos de informar a la prensa. En tanto, los que fungen de voceros sólo se acuerdan de dar acceso al periodismo para informar lo que les conviene, que no siempre es todo lo que necesita conocer la población, porque lo que no funciona o está mal debe también ser conocido.