Opositores levantan huelga contra Código

El grupo de siete legisladores de la bancada de Unidad Demócrata (UD) levantó la huelga de hambre que fue instalada hace 15 días en la Asamblea Legislativa, luego que se oficializó el pedido del presidente Evo Morales de abrogar el Código de Sistema Penal.

Sin embargo, los legisladores aseguraron que continuarán exigiendo el respeto a los resultados del 21F (referéndum que rechazó otra reelección del presidente Evo Morales en las elecciones generales de 2019).

“Los médicos nos revisaron y recomendaron que dejemos esta medida, en ese sentido hemos decidido levantar la huelga de hambre, además se cumplió con el objetivo de la abrogación del Código de Sistema Penal”, explicó el diputado de Unidad Demócrata, Rodrigo Valdivia.

La medida extrema se prolongó por 15 días, donde solo siete asambleístas suplentes de oposición continuaron en el piquete de huelga de hambre. La senadora Carmen Eva Gonzales fue las primera en asumir la medida, exigiendo que el Gobierno anule el código y respete el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No con el 51.34 por ciento a la repostulación del binomio azul (oficialista).

El presidente Evo Morales remitió una nota a la Asamblea Legislativa para que se tramite la anulación del texto completo del Código, decisión que tomó después de escuchar a los movimientos sociales y para evitar que la oposición tenga argumentos que generen la desestabilización en el país.

En este piquete se encontraban 17 asambleístas en una primera instancia, posteriormente, se incorporaron tres más, de este total 13 fueron dados de baja debido al delicado estado de salud que presentaban.

“Hemos logrado el objetivo inmediato de la lucha y ahora descansaremos y nos prepararemos para seguir apoyando las movilizaciones por nuestro objetivo estratégico, que es el respeto del 21F y la no reelección de Morales”, expresó la diputada suplente Rufina Cladera.

En ese mismo sentido, Valdivia indicó que el oficialismo y la oposición deben conformar mesas de trabajo para la redacción de un nuevo Código Penal, que esté en consenso con los diversos sectores del país, además se tenga la participación del Colegio Nacional de Abogados.