El año 2017 ha sido escenario de los más escalofriantes crímenes en el país, habiéndose dado casos de descuartizamiento, quema de personas, ex cónyuges contra la actual pareja, robo y asesinatos de hijos a padres, ajustes de cuentas por narcotráfico, muertes a machetazos o con mazas de hierro, como la de los enamorados Cañisaire-Bellot, violaciones, infanticidios y feminicidios.
Entre enero y mediados de septiembre ya habían sido asesinadas 125 personas, sin contar los feminicidios e infanticidios, la mayor parte en el eje central (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). Por paradoja, la violencia y los crímenes contra la mujer van en aumento desde la vigencia de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia del sexo débil, Ley que data del año 2013. A mediados de año el viceministerio de Seguridad Ciudadana afirmó que la criminalidad se redujo a 8.5 por cada 100.000 habitantes el 2017, en relación con el 10-8 el 2016.
En general la población paceña se queja de inseguridad ciudadana por falta adecuada de vigilancia policial, la cual según la Alcaldía Municipal de La Paz cuenta con 105 módulos (siendo necesario su incremento); algunos no funcionan o carecen de elementos para el registro de denuncias, según el vecindario.
Más del 80% de los crímenes violentos son consecuencia del alcohol, pero las medidas para el control de este mal social dependen de la capacidad de los gobiernos locales para una tarea de tan enorme envergadura, mientras el apoyo del Gobierno central es contado e insuficiente. La proliferación del expendio de bebida es realmente abrumadora. ¿Qué se hace, en resumidas cuentas, para encarar una verdadera campaña antialcohólica?
La mayor parte de los crímenes contra las mujeres se da en el campo y zonas periurbanas. Este hecho determina la necesidad de un estudio de la criminalidad por sectores sociales, que permita aplicar medidas de terapia y de carácter antropológico-criminal para adoptar políticas preventivas y de resguardo.
La Policía Nacional y la Fiscalía General han establecido que un porcentaje mayor de violaciones proviene de choferes a cargo de minibuses, radiotaxis y taxis. El entorno familiar escenifica gran proporción de violaciones a niñas y niños. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen señala que de unas 100 denuncias de esta índole solo unas 20 llegan a la vía judicial. De éstas muy pocas terminan con sentencia. El recuento final de 2017 es de 111 feminicidios y 67 infanticidios, en ambos casos mayoritariamente en el eje central, dejando unos 87 infantes huérfanos.
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