La crisis latente pasada la asonada

Un pequeño asunto al que nadie dio la menor importancia se convirtió en un gigantesco problema que provocó la “asonada” de fines de diciembre y primeras semanas de enero, conflicto que analistas del gobierno calificaron como “político”, que se trataba de una conspiración y buscaba desestabilizar al gobierno. Ese “pequeño” asunto fue el artículo 206 del proyecto de Código Penal que estudiaba e iba a aprobar la Asamblea Legislativa.

El problema fue descubierto por el Colegio Médico y lo denunció en forma poco menos que inocente y sin prever el menor efecto. Enseguida se planteó una crítica a otro artículo del nuevo Código, el mismo que causó inquietud en la opinión pública, pero ya con efecto político, una vez, además, que estaba candente el problema creado por el Tribunal Constitucional que aprobó la elección indefinida del Presidente del Estado.

El Gobierno decidió sofocar el pequeño incendio mandando aprobar el Código “sobre la marcha” y ambas Cámaras aprobaron precipitadamente el proyecto de ley del Código, lo remitieron al Ejecutivo y esa misma noche lo promulgó el Presidente en ejercicio, en ausencia del Presidente titular. Se creyó entonces que el pleito estaba resuelto. Pero, ¡oh, sorpresa!, la medicina resultó peor que la enfermedad, pues todas las instituciones populares del país lanzaron el grito al cielo y al advertir alguna “trampa”, pasaron a pedir la abrogación total del Código ya promulgado, demanda que fue rechazada de plano por el gobierno, lo cual provocó una gigantesca movilización popular a lo largo y ancho del país, la misma que fue creciendo como una ola incontenible que iba a arrasar con justos y pecadores.

Finalmente, después de 42 días de tempestuosa borrasca social, que sobrepasó domingos, fiestas y festejos, el gobierno aceptó derogar todo el Código. No había otro remedio. Entonces la crisis amainó, pero no se resolvió, porque flota el problema creado por el desconocimiento de la sacrosanta voluntad popular del referéndum del 21 de febrero del año pasado, innegable decisión del Soberano, que por nadie puede ser desconocida, ni por el Tribunal Constitucional ni el Tratado de San José ni poder humano ni divino o argucia semántica.

Semejante alboroto pudo, sin embargo, haberse evitado al principio, cuando, con un mínimo de sentido común, al ver que se encrespaban las olas de la tempestad, el Presidente en ejercicio hubiese vetado la ley, actitud que habría evitado la crítica situación posterior.

El terco empecinamiento pudo más que la lógica, lo que recuerda la siguiente lección: “Por un clavo se perdió un herraje; por un herraje se perdió un caballo; por un caballo se perdió un príncipe y por un príncipe se perdió un reinado”.