Impunidad política

La aprobación en París, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos impulsó uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad, al reconocer derechos a todos los seres humanos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ese fue el primer paso en la construcción de un andamiaje jurídico universal que aspiraba a poner fin a miles de años de injusticias para millones de personas.

Hoy, cerca de 70 años después, sabemos lo difícil que es hacer efectivos los ideales expresados en París, con el advenimiento de un mundo en el que todos los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.

En América Latina se introdujo la palabra democracia, sin embargo fue desvirtuada, como en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, donde fue sustituida y se han presentado gobiernos que han ingresado al autoritarismo, como en Bolivia, donde hay casos inauditos y reprochables.

Son muchos los factores necesarios para la construcción de un Estado de derecho sustentable. Pero hay uno indispensable: justicia ante las violaciones a los derechos humanos y la destrucción del sistema democrático. La impunidad corroe al gobierno. La que mayor daño produce es la que impide sancionar a las personas que están destruyendo la democracia. La impunidad protege a aquellos. La falta de justicia alimenta y transforma a la ley en el escudo de quienes se creen poderosos. Fueron iniciados juicios contra personas acusadas de graves violaciones, pero salieron impunes.

Impunidad es la falta de castigo. Se la puede entender como la evasión o el escape ante la sanción por una falta o un delito. Lo habitual es que la impunidad se produzca cuando, por motivos políticos o de otro tipo, una persona que es responsable de haber violado la ley no recibe el castigo correspondiente, lo que responde a la falta de principios.

Los bolivianos somos observadores de cómo muchos de los responsables políticos de hechos ilícitos, peculados, sobreprecios, obras sin planificación que solo tienen fines publicitarios, están tranquilos en cargos públicos y, en algunos casos, en funciones relacionadas con sus cargos anteriores. O son premiados con embajadas u otros espacios de poder en la Administración Pública.

Si se enferman gozan de vacaciones pagadas, provocando indignación en la ciudadanía, que quisiera ver un gesto de decencia, aunque sea al finalizar su gestión.

Se puede enumerar muchos casos al respecto. La cuestión de fondo es que durante este período de 12 años de gobierno, ha muerto la responsabilidad política, y parece que nos acostumbramos a ello. El implicado recibe, casi siempre, respaldo del partido de gobierno, mientras el Jefe de Estado con desesperación pretende continuar como máxima autoridad sin respetar leyes ni la voluntad del pueblo. De tal manera que la impunidad política es la moneda del día. Pero esperamos una dosis de justicia política, aunque parece que desapareció el sentido ético en nuestro país.