Caso Hospital Obrero
Fuentes oficiales confirmaron que las principales implicadas por el desvío de insumos en el Hospital Obrero, lograron salir favorecidas por una resolución de apelación que desvirtuó varios riesgos procesales, entre ellos, se considera que ya no son un riesgo para la “victima”, en este caso, los asegurados de la Caja Nacional de Seguros (CNS) y no obstaculizarán la investigación.
Solo una, de las 11 personas imputadas por el desvío de insumos en el Servicio de Patología del Hospital Obrero, se mantiene encarcelada luego de que las principales investigadas tomaran ventaja de los términos de una resolución de apelación dictada por la Sala Penal Segunda, conformad por Ángel Arias y Margot Pérez, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso EL DIARIO.
OPERATIVO
El 31 octubre de la pasada gestión, un operativo realizado por la división anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desbarató una organización criminal dedicada al desvío de insumos para el análisis de muestras de pacientes que no eran asegurados de la CNS.
De acuerdo al informe policial, entre los elementos colectados en los espacios de trabajo de técnicos y funcionarios, se tiene las órdenes de análisis de pacientes de clínicas privadas como CIES, Caja Bancaria, Clínica de la Mujer y Hospital Metodista entre otros.
PROCESADAS
Resultado de la intervención se procede al arresto de 14 funcionarios de las cuales se imputa y somete a medidas cautelares a seis: Omar Oliden jefe del Servicio de Potología; Martha Calderón responsable del laboratorio de Citología y docente asignada a los residentes; las técnicos de laboratorio Kathusia Alfaro, Vicenta Poma, Fanny Vega y Virginia Apaza.
Una semana más tarde, en noviembre se realiza otra intervención y se vuelve a colectar más indicios y esta suman otros cinco imputados, entre ellos el director del Hospital Obrero Carlos Ibáñez, los funcionarios Alfonso Padilla, Virginia Rodríguez, Frida Rosales y Narda Mazuelos.
PRINCIPALES
Del total, solo seis recibieron detención preventiva y la relación de hechos presentada por la Fiscalía, presentaba como principales responsables de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, peculado e incumplimiento de deberes y encubrimiento a Martha Calderón, Kathusia Alafaro y a la trabajadora social, Virginia Rodríguez todas detenidas en el penal de mujeres de Obrajes.
De Calderón se detalló que además de hacer que se multipliquen la cantidad de funcionarios que trabajaban y dispones de forma discrecional el trabajo de los internistas.
La hipótesis de la Fiscalía, señala que Calderón tenía contratos firmados entre los centros de salud privados y su laboratorio particular.
En el caso de CIES, los responsables de dicho centro, confirmaron a EL DIARIO que tenían un contrato firmado desde hace varios años para los exámenes de Papanicolaou.
En esa línea, se cree que empleaban de fachada el laboratorio de Calderón, para recibir las muestras y estas eran llevadas a los laboratorios del Hospital Obrero, donde empleando códigos especiales, eran los internistas quienes procesaban las muestras para beneficio de Calderón de quien también se menciona premiaba ese trabajo asignado calificaciones y otorgando becas al exterior.
Similar labor, bajo autorización de Calderón, cumplía Alfaro y en el caso de Rodríguez ella es señalada por realizar la contabilidad de este negociado y hacer los depósitos de dinero.
NO SON RIESGO
Pese a todos estos indicios, las tres fueron beneficiadas con medidas sustitutivas luego de que la Sala Penal Segunda, declaró procedente "en parte" la apelación presentada por las tres exfuncionarias.
La resolución de esa Sala, dejó sin efecto, "en parte", los riesgos procesales de obstaculización a la investigación y el riesgo para víctima hecho que propició que las tres imputadas volvieran a pedir por separado, petición de cesación ante los juzgados de turno durante la vacación judicial.
SIN FISCAL
Nuestro medio ha realizado varias consultas en la Fiscalía Departamental, respecto del proceso de investigación en este caso pero debido al cambio de la fiscal Lilian Calderón, por un problema doméstico donde fue arrestada, no se conoce ningún avance.
Entre las indagaciones que quedan pendientes, es la legalidad de los laboratorios privados comprometidos, además del movimiento de materiales químicos necesarios para realizar los análisis.
Un ejemplo, es el alcohol absoluto, que al tratarse de una la sustancia controlada necesita de varios permisos emitidos en instancias estatales, que se presume nunca fueron adquiridos por los laboratorios utilizados de fachada.
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