Designan a diputada cuestionada como ministra

Río de Janeiro.- La diputada brasileña Cristiane Brasil, designada para ser ministra de Trabajo, pero vetada por la Justicia por violación de leyes laborales e investigada por supuesta asociación al tráfico de drogas, ahora es sospechosa de pedir votos a cambio de cargos en la campaña de 2014, informaron medios locales.

La nueva sospecha contra Brasil, nombrada ministra por el presidente, Michael Temer, a comienzos del año, está relacionada con su campaña para diputada federal, en la que pidió a servidores públicos votos para mantenerlos en sus puestos, según se desprende de un audio revelado por el programa televisivo Fantástico.

Además, la grabación es de una reunión que la parlamentaria tuvo con 50 funcionarios de la Secretaría Especial del Envejecimiento Saludable y de la Calidad de Vida de la Alcaldía de Río de Janeiro, entidad que dirigía entonces, y en ella se sugiere que pedía votos a cambio de conservar sus empleos.

“Si pierdo la elección de diputada federal”, luego “pierdo la Secretaría” y “ustedes pierden el empleo”, se escucha en el audio revelado por el programa del canal de televisión Globo y que suma nuevas sospechas contra la diputada.

Según Globo, la autenticidad del audio ha sido comprobada por un experto. “No se ha identificado nada” que pueda suponer algún “tipo de corte o edición”, evaluó el experto Wanderson Castilho, para quien “la voz de hecho es de Cristiane Brasil”.

La parlamentaria aún no ha podido tomar posesión como ministra de Trabajo por haber sido condenada en 2016 en un juicio laboral, lo cual provocó que la Justicia vetara su nombramiento en una decisión cautelar apelada por el Gobierno y que aún no ha sido revisada.

Según ese proceso, Brasil empleó a dos conductores sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que fue condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos 18.700 dólares).

A ello se sumó una investigación de la Fiscalía brasileña por su presunta asociación al tráfico de drogas.

En ese caso, la diputada es sospechosa de haber pagado a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro a fin de que facilitaran sus actividades de campaña en esas zonas.

La posesión de Brasil, abogada de 44 años, como ministra de Trabajo continúa en el limbo, luego de ser suspendida en tres diferentes tribunales, una decisión que ratificó la presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, pero que aún debe ser evaluada por el pleno de la corte. (EFE)