No extraña en absoluto la reciente disputa entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por la liberación a cargo de éste de 4 delincuentes femeninas (“pildoritas”) denunciadas por robo de un celular y 1.500 dólares a un turista extranjero en un local clandestino de la ciudad. Y no extraña si una de las características del país es la rivalidad y disputa de las instituciones públicas, de unas contra otras. Se trata de una puja de protagonismo o hegemonía con las que ciertas instituciones tratan de sobresalir, sin que, por ahora, enfoquemos si su desenvolvimiento avala algún protagonismo.
El caso es más lamentable porque en esta pendencia intervienen los organismos garantes de la defensa de la sociedad frente a las conductas antisociales que comprometen la seguridad pública, función debida al mandato de la ley. En cierto modo el Ministerio Público -de quien depende la libertad de los ciudadanos ante todas las denuncias criminales- exacerba su función, apoyado en que el actual Código de Procedimiento Penal de 1999 le asigna la “dirección” de las investigaciones delictivas (Art. 69). De ahí que subestime la acción, por cierto esforzada, que realiza la Policía en la captura de delincuentes.
En varias oportunidades la Felcc se queja de que los fiscales liberan con facilidad a los antisociales e inclusive a bandas de éstos, muchos reincidentes y con frondosos prontuarios, incrementando la inseguridad pública. Lo propio viene ocurriendo a nivel de los juzgados.
Ante la molestia policial por la liberación de 4 “pildoritas” halladas en posesión del cuerpo del delito, autoridades del Ministerio de Gobierno invitaron a renunciar al Fiscal Departamental, Edwin Blanco, después de que éste justificara la medida en sentido de que la Policía calificó el hecho como “hurto”, además de la “presunción de inocencia”, invocando también una “conciliación” entre las partes. Sin embargo, estos y otros devaneos son subterfugios inadmisibles en una alta autoridad fiscal.
Lo más increíble es la reacción de los fiscales, prontos en organizar procesos contra los jefes policiales concernidos por “detención indebida” y otros cargos, los que a su vez anunciaron otra serie de querellas contra sus denunciantes, no sin que antes el fiscal Blanco retribuyera acusaciones al Viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga. Ahora diputados oficialistas y opositores piden la renuncia del Fiscal Departamental y convocarán al Fiscal General, Ramiro Guerrero, para que dé un informe oral.
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