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Corte Internacional examina casos de violencia en Venezuela



ABUSOS DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA A CIUDADANOS QUE ESTÁN CONTRA DEL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO.

La Haya.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió ayer un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.

Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron “con frecuencia” una “fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” y detuvieron y encarcelaron “a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”.

Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas.

EXAMEN PRELIMINAR

El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron “presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”.

Además, el foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos anteriores, dijeron fuentes del tribunal.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también en un vídeo hecho público ayer que “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

INVESTIGACIÓN PLENA

Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.

A partir de ahora, la Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos relevantes llevados a cabo en su sistema jurídico nacional.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.

INFORMES

El paso dado ayer por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque Bensouda se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.

Una de esas fuentes fue la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, que en noviembre del año pasado se reunió más de una hora y media con personal de la Fiscalía de La Haya para entregarle pruebas de supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado entre 2015 y junio de 2017.

El examen preliminar tiene varias salidas posibles, una de ellas la apertura de una investigación plena, lo que significaría que la Fiscalía podría hacer indagaciones por su propia cuenta y, eventualmente, tramitar órdenes de arresto.

Otra posibilidad es que la Fiscalía decline seguir con el examen preliminar porque no encuentre fundamentos suficientes para seguir adelante, ya sea porque los delitos no son suficientemente graves o porque quede satisfecha con las investigaciones hechas en Venezuela. (EFE)

 
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